Islamabad parece incapaz de gestionar los acuerdo políticos con las provincias noroccidentales que podrían poner fin a los atentados.
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La violencia "extremista y militante" en Pakistán, como la califica el presidente del país, general Pervez Musharraf, ha aumentado de forma significativa en las últimas dos semanas, coincidiendo con el final de la Operación Silencio, o lo que es lo mismo, el asalto realizado por fuerzas militares sobre la Mezquita Roja de Islamabad, un ataque que se cobró la vida de más de 70 personas y cuyos resultados han disparado las críticas contra el Gobierno paquistaní, que se enfrenta a difícil tarea de controlar el derramamiento de sangre en el noroeste del país, acosado por la violencia confesional y los enfrentamientos interfronterizos.
El propio presidente ha reconocido el estado de "guerra abierta" con los milicianos islamistas que se encuentran en el país. En la entrevista concedida el pasado jueves con los responsables de los principales diarios paquistaníes, Musharraf puso un énfasis especial en la Provincia de la Frontera Noroeste y en las zonas tribales, pero lo cierto que es que tanto Waziristán del Norte como la provincia de Balochistán han colocado al presidente en una difícil situación, a pesar de que Islamabad ha reiterado en numerosas ocasiones la voluntad de colaboración entre el Gobierno y las autoridades locales.
Fuentes oficiales han sugerido que los atrincherados de la Mezquita tenían conexiones con los milicianos de Waziristán del Norte y con los bastiones de Al Qaeda en la Frontera Noroeste con Afganistán. Los clérigos y los estudiantes de la mezquita y la escuela religiosa adjunta presionaron al Gobierno por una línea política de estilo talibán en Pakistán, antes de encerrarse en la mezquita donde se atrincheraron hasta que el Ejército la asaltó.
"La verdad es que podría deberse a cualquier cosa", explicaba la semana pasada el portavoz del Ejército, el general Waheed Arhsad, en declaraciones al diario 'The New York Times', cuando se le preguntó si el asalto contra los fieles del clérigo Abdul Rashid Ghazi, en la Mezquita de Lal Masjid fue el detonante de esta nueva explosión de violencia, que podría tener su inicio en el inestable conjunto de provincias que conforman el norte y el noroeste del país.
CONFLICTOS REGIONALES
Resolver el conflicto en la Frontera Noroeste es una de las prinicipales prioridades del Gobierno. Ayer, cerca de 20 personas, incluidas dos niños, fallecieron y decenas resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado durante los rezos de la tarde en una mezquita de un cuartel de Policía de la región.
Los 3.600 millones de rupias (43,2 millones de euros) prometidos por Islamabad a la autoridad de la Frontera están destinados a combatir la escasez de fuerzas de seguridad en la zona. Al menos 7.300 nuevos efectivos recibirán entrenamiento y material, respondiendo así a la petición de las autoridades, que cuentan con 15.000 hombres para proteger la región, y que en estos momentos consideran solicitar un estatus de autonomía provincial, según el comunicado emitido el jueves por el ministro de la Provincia, Akram Jan Durrani.
El secretario jefe, Sahibzada Riaz Noor, ha pedido a todos los estamentos civiles y políticos de la región a "unir esfuerzos en la causa colectiva de restaurar la ley" en la región, en la última reunión de alto nivel con representantes sociales y políticos, mantenida el martes en Peshawar.
Baluchistán es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta el Gobierno central de Islamabad. El jueves, al menos 29 personas murieron y una treintena resultaron heridas en el atentado contra un convoy en el que viajaban ingenieros chinos en la localidad de Hub. Las milicias balochas siguen en pie de guerra tras el asesinato, el pasado agosto de 2006 de su líder, Nawab Akbar Jan Bugti. El miércoles, al menos 16 soldados murieron después de que un grupo de milicianos armados detonase una bomba por control remoto y disparase con arma ligera contra un convoy militar en Daznaray.
Además, el grupo de analistas ICG ha advertido en numerosas ocasiones que el Gobierno explota los recursos naturales sin conceder a las autoridades de la provincia los beneficios correspondientes, sigue construyendo cuarteles en la zona que potencian la sensación de control militar sobre la población, y desarrolla proyectos como el puerto de Gwadar, destinados a beneficiar al Gobierno central y que, a raíz de la más que posible llegada de inmigrantes, puedan convertir a los baloches en una minoría dentro de su propia provincia.
En Waziristán del Norte, los insurgente declararon, el pasado día 15, el fin del alto el fuego acordado con el Gobierno. El documento, distribuido en la principal ciudad de la provincia, Miran Shah, dice que el acuerdo terminó porque el Ejército han atacado a los milicianos, no han pagado compensaciones a los perjudicados por sus acciones y han creado problemas en puestos de control.
Una delegación de 45 miembros de los líderes tribales comenzó ayer las conversaciones con los líderes de las milicias para contener la violencia en la región, incluyendo un soldado y tres civiles que murieron el viernes cuando un presunto militante hizo chocar su coche bomba contra un pequeño puesto de control en las afueras de Miran Shah.
Islamabad alberga esperanzas de éxito las conversaciones de paz que se llevan a cabo en Miran Shah. Uno de los líderes tribales, Malik Nasrulá, comentó antes de entrar que era "optimista" con que pueda resucitarse el acuerdo de paz con el Gobierno.
A este panorama, hay que añadir la tensión existente en la región de Cachemira, así como en las zonas Administradas del Norte (Gilgit y Balistán), para las que la autonomía política todavía sigue siendo un tema de frecuente debate y donde suníes, shias e ismailis coexisten en paz, pero bajo una presión cada vez más intensa.
CREPÚSCULO DE MUSHARRAF
Sin embargo, y a pesar de que Musharraf ha intentado enfrentarse con los problemas internos con la restitución en el cargo de uno de sus principales enemigos políticos, el juez del Supremo, Mohamed Iftijar Chaudry, es su fallida aproximación a la lucha contra el terrorismo la que ha provocado la pérdida de credibilidad ante sus socios internacionales, en particular, Estados Unidos, hasta el punto de que sus días al frente del Ejecutivo podrían estar contados.
El Consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Stephen Hadley, explicó que los acuerdos con los jefes tribales que no han salido "como Musharraf quería, ni como nosotros deseábamos". Además, el consejero del presidente Bush reconoció que EEUU ha considerado insatisfactorias algunas de las políticas emprendidas por el presidente de Pakistán, si bien Washington sigue apoyando, de forma menos exhultante, las iniciativas antiterroristas de Islamabad.
Para e experto en política de la Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Frederic Grare, Pakistán ha respondido a las peticiones estadounidenses en la lucha contra al Qaeda, no así contra los Talibán. "No se han desmantelado los campos de entrenamiento terroristas", explicó Grare, "y Musharraf ha amenazado con retirar su cooperación si se le seguía criticando por sus políticas represivas contra sus oponentes", tanto en Islamabad como en las provincias del norte, citando las recientes críticas del antiguo Máximo Comandante del Mando Aliado Europeo, James L. Jones.
"Musharraf ha tolerado a los radicales islámicos durante semanas antes de enfrentarse a ellos", criticó Grare, que afirmó que, independientemente del resultado de las investigaciones sobre el asalto a la Mezquita Roja, el presidente Musharraf parecerá "un incompetente" no sólo por la tardanza de su régimen "cuasidictatorial" en atajar la violencia en el país, sino por las "inconstitucionalidades" y la "ilegalidad" de algunas decisiones del Gobierno paquistaní.
