Crónica Portugal.- El gobierno socialista aprueba los presupuestos generales del Estado en plena huelga general

Los sindicatos hablan de un seguimiento del 80% y el Gobierno de cerca del 6%

LISBOA, 9 Nov. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -

El Gobierno socialista que preside el primer ministro José Sócrates aprobó hoy en el Parlamento, gracias a su mayoría absoluta, los presupuestos generales del Estado para 2007 coincidiendo con el primero de dos días de huelga general de la Administración Pública en protestan contra las reformas del Ejecutivo, al que acusan de negarse a negociar con los sindicatos.

La fuerte contestación social que el Gobierno viene sufriendo en los últimos meses, especialmente por parte de la administración pública, a priori la más perjudicada con la política de reformas del Estado llevada a cabo por los socialistas, tiene hoy y mañana uno de sus momentos más álgidos con la convocatoria de una huelga general avalada por casi todos los sindicatos y que incluye a funcionarios administrativos y judiciales, profesores, médicos, enfermeras y basureros, entre otros.

Esta es la segunda huelga general que sufre el Ejecutivo que preside José Sócrates en los últimos cuatro meses y aunque en esta ocasión no hay convocada una manifestación, como es habitual, Gobierno y sindicatos no se ponen de acuerdo sobre la adhesión a la misma, aunque en esta ocasión la discordancia es extrema. Mientras los primeros hablan de un seguimiento del 5,11% los segundos afirman que supera el 80%.

Números a parte, lo que es cierto es que gran parte del país se vio afectado debido a que gran parte de los servicios públicos --hospitales, colegios, juzgados, ayuntamientos, etc.-- funcionaban con servicios mínimos, pero especialmente la capital, que estuvo inmersa en el caos durante la mañana, ya que además de la administración, estaban en huelga los trabajadores del metro, por tercer día consecutivo, y los que realizan la conexión de barco entre los dos márgenes del río Tajo.

PRESUPUESTO APROBADO

Sin embargo, mientras en los hospitales los que tenían la suerte de ser atendidos hacían más de tres horas de fila, en el Parlamento, después de dos días de debate, el Gobierno aprobaba en solitario, ya que el resto de los partidos votaron en contra, y gracias a la mayoría absoluta que detenta, los presupuestos generales del Estado para 2007.

En ellos, la reducción en un 1,1% del déficit presupuestario será conseguida en un 60% con un menor gasto público y en un 40% por el mayor crecimiento de los ingresos, que se soportarán mayoritariamente con las privatizaciones de algunas empresas como Energías de Portugal (EDP), de la que es accionista la española Iberdrola.

El Gobierno prevé un gasto de 72.530 millones de euros, un 45,4% del Producto Interior Bruto (PIB), y unos ingresos totales de 66.620 millones de euros, 41,7% del PIB, para 2007, lo que supone un déficit presupuestario del 3,7% del PIB, frente al 4,6% estimado para 2006.

Para alcanzar la meta de un 3,7% de déficit en 2007 el Gobierno aumentará la carga fiscal, especialmente a los solteros y minusválidos, y recortará en gastos y los primeros afectados con esta última medida serán los funcionarios ya que el objetivo es que los costes de personal se reduzcan nominalmente el 0,8% respecto a 2006 y su peso en el PIB disminuya en 0,7 puntos porcentuales. Además hay un recorte de presupuesto para todos los ministerios, incluidos Sanidad y Educación, solamente dispondrá de más dinero el de Tecnología e Innovación.

REFORMA DEL ESTADO

Además de la reducción de los gastos, el Ejecutivo quiere una profunda reforma del Estado y ahí continúa e incluso se acentúa la protesta de los trabajadores, que además de no estar de acuerdo con las medidas del Ejecutivo socialista, lo acusan de tener "una actitud arrogante" y de no estar dispuesto a negociar.

"Este es el peor gobierno desde el 25 de abril" asegura Ana Viola del sindicato Frente Popular, que aglutina a 250.000 trabajadores afiliados. "Llegar a la mesa de las negociaciones con una decisión tomada es una falta total de cultura democrática", afirmó la responsable con cuya postura coinciden todos los sindicatos.

De hecho, aseguran que la principal razón para realizar esta huelga general es protestar por el rechazo sistemático del Gobierno a negociar con los sindicatos, además de las medidas adoptadas para reformar la función pública, "la más importante desde el 25 de abril de 1974", según el propio Ejecutivo.

Esta reforma prevé la reorganización y la extinción de servicios, listas de funcionarios que sobran y reducción salarial para los que no estén integrados, transferencia de funciones para trabajadores privados, límites en la progresión de las carreras, nuevas reglas de evaluación del trabajo, generalización del contrato individual y cambios en la forma de acceso a la reforma.

Pero de todo el proyecto de reformas el punto más contestado es el diploma de la movilidad, al abrigo del cual los funcionarios que sobren en un servicio serán transferidos a otro o enviados a casa cobrando bastante menos de su sueldo.

Sin embargo, algo parecido realizó el socialdemócrata (centro derecha) Aníbal Cavaco Silva en 1992, cuando era primer ministro, con la "Ley de los disponibles", que aunque fue aprobada nunca se aplicó. También José Manuel Durao Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, intentó reformar la función pública durante su breve mandato como jefe del Gobierno, pero sin éxito.

Pero la huelga general de hoy es una más en una lista de manifestaciones y paros realizados en los últimos cuatro meses, que el pasado 12 de octubre tuvo uno de sus momentos más álgidos cuando cerca de 70.000 personas, según números de la Policía, salieron a la calle para protestar contra los presupuestos generales del Estado y pedir su dimisión. Esa fue una de las mayores manifestaciones que se vivieron en Portugal desde la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974.

Estos presupuestos además de la contestación de los funcionarios públicos, también han provocado inestabilidad en las relaciones entre el Gobierno y el poder local, que se reveló contra las restricciones al crédito para los ayuntamientos y las nuevas reglas de distribución de dinero.

Por otro lado en el área de la educación, los sindicatos han acusado al Ejecutivo de querer despedir profesores y reducir sus salarios. También la actuación de los socialistas ha suscitado protestas en el área de la salud, debido al cierre de maternidades y al plan de reforma de las urgencias primarias, que actualmente está en discusión pública.

Ante esta ola de protestas, la popularidad del primer ministro se desplomó en octubre bajando 16 puntos. Sin embargo, a pesar de la adversidad, Sócrates fue tajante al afirmar que "sabe lo que es necesario hacer" y que "seguirá el rumbo de las reformas y los cambios" a pesar de las discordias, ya que éstas son necesarias para el desarrollo y crecimiento económico del país, algo en lo que coinciden todos los analistas, que aunque en ocasiones no están de acuerdo en las formas si lo están en el fondo, es necesario reformar la función pública.

Pero aunque los que más contestan las decisiones del Gobierno son los funcionarios, el Ejecutivo de José Sócrates también arremetió contra la banca, aprobando nuevas medidas para el control fiscal y la evasión de capitales, contra el "lobby" farmacéutico, liberalizando el servicio, y contra el poder judicial. Al final, todo por "reducir la desigualdad social y sacar a este país de la crisis", aunque algunos consideren que éste no es el mejor camino.