Crónica R.Unido.- Amnistía denuncia graves abusos de DDHH del Gobierno británico al amparo de su políca antiterrorista

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el Gobierno de Reino Unido, "la democracia más antigua del mundo", está socavando "en casa y fuera de ella" el sistema nacional e internacional de Derechos Humanos, las libertades y la independencia del poder judicial a través de su política antiterrorista, sobre todo mediante prácticas y medidas legales que buscan redefinir la tortura y "cambiar las reglas del juego" sobre Derechos Humanos.

Asimismo, instó al Gobierno español a adoptar "un papel bilateral importante" frente al británico y a recordar a Londres que tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid el Ejecutivo español no recurrió a ninguna "legislación extraordinaria".

"La democracia más antigua del mundo ataca el sistema de Derechos Humanos con su política antiterrorista, mina los sistemas de libertades y mina la independencia del poder judicial", aseveró el director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, durante la presentación en Madrid del informe 'Reino Unido. Derechos Humanos: promesas rotas'.

Según el director, el Gobierno británico "viola las leyes de su propio país" aceptando las evidencias obtenidas mediante torturas en los interrogatorios, recurriendo a una definición "ambigua" del terrorismo o adoptando medidas contra la libertad de expresión o contra la independencia del poder judicial.

LEYES ANTITERRORISTAS

El director para Europa del Secretariado Internacional de Amnistía, David Díaz-Jogeix, afirmó en la misma rueda de prensa que la política de Londres está poniendo en peligro "el edificio de Derechos Humanos plasmado tras la Segunda Guerra Mundial", sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y de los perpetrados en Londres el pasado mes de julio.

Entre las medidas denunciadas por el investigador destaca la Ley Antiterrorista de 2000, que con su excesivamente "amplia" definición del terrorismo permite detenciones, reclusiones y procesamientos no sólo por actos delictivos en sí mismos sino incluso por la "presunta motivación" de los detenidos, lo que incluye afinidades religiosas, políticas o ideológicas con los terroristas.

Asimismo, la Ley permite detenciones sin cargos y otorga al ministro del Interior la potestad de determinar quiénes deben ser detenidos. En aplicación de Sección Cuarta de esta Ley, desde diciembre de 2001 han sido detenidos 16 extranjeros por periodos de más de tres años, sin cargos y sometidos a "duras condiciones de detención", sobre todo en las prisiones de alta seguridad de Belmarsh y Woodhill.

En diciembre de 2004, los Jueces Lores establecieron que la Sección Cuarta era discriminatoria e incompatible con el derecho a la libertad, pese a lo cual, según Díaz-Jogeix, el Gobierno no sólo no procedió a la libertad inmediata de los detenidos, sino que convenció al Parlamento para promulgar una nueva ley, la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, en vigor desde el pasado 11 de marzo.

Esta Ley otorga al Gobierno poderes para dictar "órdenes de control" --que sustituyen de hecho a las detenciones sin juicio-- que restringen la libertad, la circulación y las actividades de sospechosos de terrorismo. Aparte, concede al Ejecutivo capacidad para ordenar la privación indefinida de libertad sin cargos a partir de informaciones secretas, lo cual se puede aplicar por igual a extranjeros y a británicos.

En virtud de ello, los detenidos en aplicación de la Ley "no tienen acceso a los datos secretos del Ministerio del Interior que sirvieron para su detención, por lo que no pueden contrastarlos ni apelar ante un juez independiente", explicó el investigador. "Los abogados no pueden informar tampoco al individuo de qué se les acusa", añadió.

"No podemos admitir que el poder ejecutivo se arrogue funciones del poder judicial; es una afrenta a una norma básica del Estado de Derecho", aseveró Díaz-Jogeix.

Asimismo, las autoridades británicas están violando las normas que establecen la "prohibición absoluta de la tortura", lamentó Díaz-Jogeix, quien recordó que en 2003 un tribunal aceptó evidencias recogidas mediante torturas con el argumento de que no las habían obtenido agentes británicos. "Lo preocupante es la actitud del Gobierno británico, que defendió el veredicto", manifestó.

Por su parte, Esteban Beltrán denunció los acuerdos firmados con países como Libia, Egipto y Jordania para la extradición de sospechosos de terrorismo, que podrían ampliarse en breve a Egipto y Argelia. Estos acuerdos "de papel mojado" establecen que los países receptores no pueden cometer torturas contra los detenidos.

"Se exigen garantías a Argelia precisamente porque saben que en este país se tortura; las garantías no valen, lo que vale es la ley, y la ley establece que no se debe extraditar a detenidos a países en los que pueden ser torturados", aseveró Beltrán, quien recordó que los propios informes sobre Derechos Humanos del Ministerio británico de Asuntos Exteriores constatan en estos países "sistemáticos malos tratos a los detenidos".

Por otra parte, Amnistía Internacional ha venido denunciando desde 2002 que los agentes de los servicios secretos británicos se han aprovechado del limbo legal y de las condiciones coercitivas de detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, en la base aérea de Bagram (Afganistán), en Irak y en otros lugares para interrogar a ciudadanos británicos o de otros países para obtener información sobre procesos entablados en Reino Unido, todo ello sin respetar los derechos de los detenidos, ni siquiera el derecho a contar con abogado.

Según un informe de la Comisión de Inteligencia y Seguridad de marzo de 2005, miembros de los servicios secretos británicos habían realizado o presenciado más de 2.000 interrogatorios en Guantánamo, Irak o Afganistán, y aunque "no hubo evidencias de que los agentes británicos cometieran abusos" sí las hay de que presenciaron o aprobaron los interrogatorios bajo coacción de sospechosos británicos y de otros detenidos, prosiguió Beltrán.

Por otra parte, según Esteban Beltrán, desde finales de 2005 se ha constatado un número creciente de vuelos secretos que utilizan el territorio británico para el traslado de personas sin ningún proceso judicial a países donde se cometen torturas o a centros de detención estadounidenses. "Entre 2001 y 2005, un solo avión hizo hasta 78 paradas en Reino Unido", aseguró. "En al menos tres casos, se trata de vuelos relacionados directamente con casos de desaparición de personas", añadió.

FIRMEZA ESPAÑOLA

Esteban Beltrán aseguró que el Gobierno británico ha sido informado del contenido de este informe antes de su publicación, y que incluso se ha pedido una entrevista con el primer ministro, Tony Blair, para transmitir las preocupaciones de AI.

Aparte, Amnistía solicitó hace un mes al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, mayor "firmeza" en defensa de "la verdadera constitución europea, la Convención Europea de Derechos Humanos" ante los propósitos de Londres, añadió Beltrán. Asimismo, añadió que tanto él como Díaz-Jogeix tienen previsto mantener entre hoy y mañana entrevistas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y con grupos parlamentarios para buscar el apoyo español.

"España debe jugar un papel bilateral importante" frente a Londres y transmitir a Reino Unido el mensaje de que pese a que España también sufrió los atentados del 11 de marzo, "no se recurrió a legislaciones extraordinarias" como forma de respuesta, concluyó Beltrán.