BRUSELAS, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, escribirá una carta al primer ministro francés, Dominique de Villepin, para pedirle que interceda en el caso del sobreprecio que el Ayuntamiento de Estrasburgo ha cobrado a la Eurocámara por el alquiler de dos de sus sedes, según ha acordado la mesa de esta institución. Los parlamentarios sospechan que la ciudad francesa les ha facturado entre 1 y 2,8 millones de euros de más al año durante los últimos 25 años.
Como medida cautelar, el Parlamento ha decidido congelar el pago del alquiler a Estrasburgo hasta que la alcaldía le proporcione todos los documentos y aclare el caso, según explicó hoy el vicepresidente responsable de edificios, Gérard Onesta. Además, ha suspendido el proceso de compra de los dos edificios en cuestión, el 'Salvador de Madariaga' y el 'Winston Churchill'. Finalmente, el pleno de la Eurocámara paralizó este jueves la aprobación de sus cuentas de 2004 a la espera de que se investiguen las irregularidades.
La nueva polémica dará todavía más munición a los eurodiputados que quieren que el Parlamento fije su sede en Bruselas y acabe con las peregrinaciones mensuales a Estrasburgo para celebrar los plenos, que cuestan 200 millones de euros al año. La Eurocámara tiene también una sede en Luxemburgo.
"En ningún momento, ni siquiera los detractores más anti-Estrasburgo, nadie había pensado que el Ayuntamiento --que tiene muchas ventajas por ser la sede de una institución como el Parlamento Europeo_ cobraría un sobreprecio por el alquiler. Nuestras relaciones se basaban en la buena fe", destacó indignado Onesta, francés y "amigo" declarado de Estrasburgo. No obstante, reconoció que la Eurocámara no sabe si hay algún tipo de delito.
La polémica es de una gran complejidad porque los edificios en cuestión no son propiedad del Ayuntamiento sino de la sociedad inmobiliaria holandesa Erasme. Ésta los alquila a la ciudad, que a su vez los subalquila a la Eurocámara por 10,5 millones de euros al año. Los parlamentarios pensaban que Estrasburgo actuaba como intermediaria sin ánimo de lucro y no como comisionista.
Las alarmas saltaron cuando el Parlamento negociaba con las autoridades locales para comprar el edificio. Mediante un cálculo basado aproximadamente en el coste de 12 años de alquiler, el precio se fijó en 120 millones de euros, más 18 millones adicionales para trabajos de rehabilitación. El pasado 7 de marzo, la prensa alsaciana publicó que el Ayuntamiento ganaría 29 millones de euros con la operación. Ese mismo día, Borrell, que se encontraba de visita oficial en Argelia, escribió a la alcaldesa Fabienne Séller para pedirle explicaciones.
En un primer momento, las autoridades locales justificaron este beneficio para compensar la pérdida del beneficio, que según el contrato con Erasme pasaría a propiedad de Estrasburgo en 2047. También alegaron los trabajos de rehabilitación realizados, e incluso el redondeo en el cambio del franco al euro. No obstante, otro documento oficial explicaba este beneficio como indemnización por el cese de los pagos por alquiler.
El vicepresidente de la Eurocámara explicó que Estrasburgo todavía no ha proporcionado toda la documentación para desentrañar el caso. Exigió "rigor y transparencia". "Esperamos que las autoridades de Estrasburgo hayan comprendido el mensaje y que rápidamente acepten las peticiones del Parlamento para ver cuál es perímetro de esta suma".
SORPRESA EN ESTRASBURGO
El Ayuntamiento de Estrasburgo se declaró "sorprendido" por la polémica de los alquileres. Recordó que resultan de contratos firmados en 1981, cuyas últimas modificaciones se retrotraen a 1992, y responden al "precio del mercado". "El Parlamento ha aceptado libremente el alquiler de los edificios, así como los índices de evolución, y nunca ha contestado su importe en los 25 años de ocupación", señaló a través de un comunicado.
Las autoridades locales apuntan que han financiado varios trabajos de reparaciones y equipamiento que no fueron asumidos por Erasme. Asimismo, el Ayuntamiento ha cubierto para esta empresa el riesgo de que el Parlamento abandonara los edificios, que no era teórico puesto que la sede de Estrasburgo sólo se reconoció oficialmente en el Tratado de Ámsterdam en 1999.
Estrasburgo recordó que si la Eurocámara cumple su amenaza de no pagar más el alquiler, ello supondrá una "violación" del contrato, y expresó su deseo de encontrar un "acuerdo equilibrado" con el Parlamento.