Pide una disminución de los créditos que pueden obtener las empresas invirtiendo en países en vías de desarrollo
BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea aprobó hoy el plan nacional de asignación de emisiones (PNA) de España para el periodo 2008-2012, aunque condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos. Bruselas exige en primer lugar que se reduzca un 0,27% la cantidad total de derechos de emisión asignada a la industria, es decir, 0,42 millones de toneladas de CO2 al año. Ello sitúa el tope anual de emisiones de las industrias cubiertas por el plan en 152,3 millones de toneladas, en lugar de los 152,7 millones que pedía el Gobierno.
Este límite es un 17% inferior a las emisiones verificadas en el año 2005, cuando ya había empezado a funcionar el mercado de emisiones, que ascendieron a 182,9 millones de toneladas. También está muy por debajo del tope de emisiones autorizado para España durante el periodo 2005-2007, que se sitúa en 174,4 millones. El plan español para 2008-2012 cubre además emisiones adicionales en sectores que no estaban incluidos en 2005 de alrededor de 6,7 toneladas de CO2.
Además del ligero recorte en las emisiones, el visto bueno definitivo de Bruselas al PNA está sometido a otras tres condiciones. En primer lugar, España debe informar de cómo se tratará a las nuevas empresas que empiecen a participar en el sistema de comercio de emisiones. Asimismo, el Gobierno tiene que facilitar una lista completa de las instalaciones industriales cubiertas por el PNA con mención de las cifras de derechos de emisión que se prevé asignar a cada una, que no aparece en el plan enviado a Bruselas.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno que limite la cantidad de créditos que pueden obtener las empresas invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo al 20% del total de permisos. El PNA español contemplaba que estos créditos pueden ascender al 39% del tope de permisos.
El visto bueno de Bruselas al PNA español será automático una vez que se hayan cumplido estas condiciones.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, elogió la "ambiciosa determinación" del Gobierno para usar el sistema de comercio de emisiones como un "componente central" en sus esfuerzos para cumplir con el protocolo de Kioto y dijo que el PNA español es "muy sólido" y ayudará a crear la escasez de permisos imprescindible para que funcione el mercado durante el periodo 2008-2012.
RECORTES GENERALES
Bruselas ya ha examinado hasta ahora los planes de emisiones de 13 Estados miembros --Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia-- y, excepto en el caso de Londres y Ljubljana, donde ha aceptado los topes propuestos por los Gobiernos y ha corregido cuestiones menores, ha exigido a estos países un recorte medio del 7% en los permisos de emisiones que conceden a sus industrias para que la UE pueda cumplir con los compromisos del protocolo de Kioto.
Los PNA establecen el tope máximo de emisiones de CO2 por parte de la industria y el reparto entre las diferentes empresas. Las compañías que contaminan más de lo que tienen autorizado tienen que comprar permisos a las industrias que se han quedado por debajo de su tope, lo que permite reducir la contaminación con el menor coste posible.
Sin embargo, durante el primer año de funcionamiento del comercio de emisiones, 2005, se constató que los Estados miembros habían concedido a sus industrias un número de permisos más alto que las emisiones reales, con lo que los precios del carbono se hundieron. El Ejecutivo comunitario quiere evitar repetir el error.
Bruselas analiza los planes que presenta cada país de acuerdo con 12 criterios para verificar que sean coherentes con los objetivos de reducción de emisiones de Kioto, con las emisiones verificadas del año 2005 y con el potencial tecnológico para reducir las emisiones.
