Pide un refuerzo de la asistencia legal que se presta a los inmigrantes, especialmente a los menores, y teléfonos en los centros
BRUSELAS, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre la inmigración ilegal en las islas Canarias asegura que los centros de detención de inmigrantes están "muy bien gestionados" pero alerta de la situación de los menores, que califica de "auténtica emergencia". Los eurodiputados piden un refuerzo de la asistencia legal que se presta a los retenidos y teléfonos en los centros para que puedan comunicarse con sus familias.
El proyecto de informe ha sido elaborado por la 'verde' británica Jean Lambert a partir de la misión de 12 eurodiputados que viajó a las islas Canarias del 7 al 10 de junio, y visitó los centros de detención de 'Las Raíces' y 'Hoya Fría' en Tenerife y el de 'Matorral' en Fuerteventura, además de entrevistarse con las autoridades regionales y locales y con los propios inmigrantes. Se discutirá por primera vez este lunes en la comisión de Libertades Públicas y está previsto que se vote el próximo 13 de julio.
Los parlamentarios concluyen que las islas Canarias viven un "problema real" de flujos masivos de inmigrantes, aunque "las autoridades españolas tienen la situación completamente bajo control. "La impresión general es que los centros están muy bien gestionados y limpios, y que cubren la mayoría de las necesidades de los que están retenidos allí", señala el proyecto de informe. "Las autoridades españolas se las arreglan muy bien con una situación muy difícil", añade.
"La situación de los menores es la auténtica emergencia de las islas Canarias", aseguran los parlamentarios. Recuerdan que las autoridades locales se han comprometido a asumir la custodia de 250 de los 400 que hay ahora mismo hasta que cumplan 18 años, cuando esperan que vuelvan a sus países de origen, lo que representa un "gasto considerable" de seis millones de euros al año.
"La delegación considera necesario que la UE dé apoyo y consejo a este grupo en toda la UE, en particular por lo que se refiere a los métodos de identificación. El apoyo psicológico fue mencionado como especialmente importante", recalca el informe.
Otro motivo de "preocupación" para los eurodiputados es la "efectividad" del apoyo legal que reciben los inmigrantes, ya que la misión comprobó que, especialmente en Fuerteventura, hay sólo un pequeño número de consejeros legales disponibles para los inmigrantes y "estos abogados no están formados en el campo de asilo e inmigración".
En este sentido, los eurodiputados piden toda una serie de "aclaraciones" a las autoridades españolas. En primer lugar, reclaman que los inmigrantes puedan acceder a los abogados no sólo a su llegada sino también durante su estancia en los centros, y se interrogan sobre si las autoridades locales tienen los suficientes medios para atender estas demandas.
También se refieren a la cuestión de los menores y las dificultades de identificación. Señalan que la técnica del examen de los huesos utilizada en España plantea problemas de fiabilidad y preguntan si se buscarán alternativas. Por otro lado, reclaman reglas más claras para el acceso de las ONG a los centros de detención, la instalación de teléfonos en los mismos para que los inmigrantes puedan comunicarse con sus familias, y que se les permita a éstos conservar las posesiones y el dinero que traen consigo.
Finalmente, proponen que las autoridades españolas tomen medidas para garantizar una mejor integración de las mujeres africanas e impedir que se vean abocadas a la prostitución.
NO HAY RACISMO
Los eurodiputados destacan que la policía estaba "muy orgullosa" de poder decirles que no había racismo hacia los inmigrantes en las islas Canarias. Pese a las protestas contra los inmigrantes en algunos periódicos y en algunos medios políticos, la mayoría de la población tiene un "enfoque humanitario" de la situación y da prioridad a la reducción del número de víctimas en el trayecto, que se estima que pueda llegar al 50% de los que intentan cruzar.
En Tenerife, los centros de detención parecían encontrarse bajo una mayor tensión por el mayor número de gente que se encontraba allí, pero los parlamentarios no encontraron ejemplos de personas que se quedaran durante mucho tiempo, sino que se cumplía la legislación española, que fija un máximo de 40 días tras los cuales los inmigrantes deben ser expulsados o trasladados a la Península.
En el campo de Fuerteventura, que había experimentado antes un mayor número de llegadas, había más síntomas de agotamiento, pero alojaba a menos gente y la impresión general era también que "los estándares de tratamiento son relativamente buenos".
Los parlamentarios elogian los esfuerzos del Gobierno español para patrullar las costas africanas, ayudar a identificar los cayucos y recoger a más gente. El paso siguiente debería ser evitar la salida de los barcos y frenar el "provechoso negocio" de los traficantes. También se declaran conscientes el problema técnico de las repatriaciones, porque "hay muy pocos vuelos a Senegal y enviar un chárter completo resultó un muy mal acto de relaciones públicas".
Asimismo, aseguran comprender las dificultades que genera liberar a los inmigrantes tras el periodo de 40 días y expulsarlos o enviarlos a la Península, ya que muchas de las órdenes de expulsión no se ejecutan y "ello conduce a la presencia ilegal de grandes números de nacionales de terceros países en territorio español".
LOS EURODIPUTADOS REGALAN TELEVISORES
La visita a Tenerife y Fuerteventura siguió el mismo esquema que otros viajes similares a Lampedusa, Ceuta y Melilla, París y Malta, y ocurrió en un periodo particularmente difícil para las islas canarias por el "flujo masivo" de inmigrantes procedentes de las costas africanas. Los parlamentarios se entrevistaron con el delegado del Gobierno en Tenerife, José Segura Clavell, el presidente de Canarias, Adán Martín Menis y otros funcionarios regionales y locales. También mantuvieron encuentros con organizaciones humanitarias como Cruz Roja, CEAR, Cáritas, Red Acoge y Médicos del Mundo, entre otros.
Los eurodiputados constataron que la mayoría de los inmigrantes retenidos llegaron de Senegal en barco, y casi todos eran inmigrantes económicos y no demandantes de asilos. Sólo un 15% de las últimas 9.000 llegadas proceden de países en guerra, como Sierra Leona o Costa de Marfil. Según las autoridades locales, les es muy difícil encontrar trabajo o integrarse, y muchas mujeres acaban en la prostitución.
Al ser preguntados por los parlamentarios, los inmigrantes se mostraron satisfechos con las condiciones de acogida y de vida. Sus únicas quejas se referían a que la comida no era suficiente, aunque también protestaban por la falta de teléfonos y televisión. Por ello, los miembros de la delegación donaron dinero para comprar 6 televisiones destinados a los centros de 'Las Raíces' y 'Matorral' para que los inmigrantes pudieran seguir el Mundial de fútbol.
La delegación estaba integrada por Lambert, el francés Patrick Gaubert (PPE), el griego Ioannis Varvitsiotis (PPE), la francesa Martine Roure (PSE), el alemán Wolfgang Kreissl-Dorfler (PSE), la holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert (Liberales), el italiano Giusto Catania (Izquierda Unitaria), y el holandés Johannes Blokland (Independencia y democracia). También participaron los eurodiputados españoles Agustín Díaz de Mera (PPE), Fernando Fernández (PPE), Antonio Masip (PSE) y Manuel Medina (PSE).
