MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Túnez han anunciado este martes la detención de nueve personas sospechosas de tener lazos con grupos terroristas en la provincia de Kasserine (oeste), situada cerca de la frontera con Argelia.
El Ministerio del Interior ha indicado que todos los detenidos habrían mantenido contactos con terroristas que operan en zonas montañosas de la provincia y les habrían entregado dinero y comida, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
El comunicado ha sido publicado apenas un día después de que el Gobierno del país asegurara haber detenido el domingo a dos presuntos miembros del grupo terrorista Jund al Jalifa --vinculado al grupo yihadista Estado Islámico-- durante una operación en esta misma provincia.
La operación se saldó con la incautación de dos rifles de asalto y munición, según desveló Sofian Sliti, portavoz de la unidad judicial encargada de las investigaciones antiterroristas.
Sliti detalló que los detenidos habrían participado en un ataque en 2015 contra una patrulla militar en el monte Mghilla en el que murieron cinco soldados. Asimismo, señaló que son sospechosos de la decapitación ese mismo año de un pastor en la zona, así como de la decapitación de su hermano un año después.
La provincia de Kasserine ha sido escenario de numerosas operaciones antiterroristas en los últimos años, especialmente en varias zonas montañosas de la misma.
Túnez y Argelia comparten una frontera porosa utilizada habitualmente por contrabandistas y que ha sido usada en los últimos meses para la infiltración de combatientes y armamento.
El presidente de Túnez, Beyi Caid Essebsi, aprobó recientemente una nueva prórroga del estado de emergencia en el país, en lo que supuso una nueva extensión de la medida decretada por primera vez en noviembre de 2015.
El estado de emergencia fue declarado el 24 de noviembre de 2015, después de un atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial en la capital, Túnez, y desde entonces ha sido extendido en numerosas ocasiones.
La medida da poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población o prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes.
Pese a que está considerada como una medida excepcional, Túnez ha estado bajo el estado de emergencia durante tres años y medio desde el derrocamiento de Zine el Abidine ben Alí en enero de 2011.
Desde el levantamiento de 2011 contra Ben Alí, la democracia tunecina ha sido vista como un modelo para la región, pero los milicianos islamistas son uno de los mayores retos para las autoridades del país.
Más de 3.000 tunecinos se han sumado a la lucha de Estado Islámico en Siria y en Irak, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Túnez ante la posibilidad de un retorno que tendría Libia como paso intermedio.
