MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Diez ONG de Derechos Humanos, entre las que se encuentran Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros sin Fronteras (RSF), han resaltado la falta de independencia judicial en Túnez tras la decisión del presidente del país, Kais Saied, de cesar a 60 jueces por supuesta corrupción y protección a terroristas.
En el marco de las medidas adoptadas desde que en julio de 2021 disolvió el Gobierno y suspendió el Parlamento para arrogarse todas las competencias, Saied manifestó que los jueces, entre los que figura Yusef Buzaker, expresidente del Consejo Judicial Supremo, han dado muestras de "negligencia".
"Con este decreto, el presidente ha eliminado toda la autonomía que el poder judicial en Túnez aún podía ejercer", ha dicho el director para Túnez de HRW, Salsabil Chellali, agregando que "los jueces deben estar sujetos a procesos disciplinarios justos, imparciales y apelables".
Las organizaciones firmantes han hecho hincapié en que el Estado debe "garantizar la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política". Dicho decreto otorga a Saied la autoridad para despedir a los jueces y fiscales "a voluntad", sin posibilidad de "apelación inmediata".
"El decreto tampoco cumple con el principio de legalidad, principio general básico del derecho y del Derecho Internacional. Esto se debe a que los motivos por los cuales un juez puede estar sujeto a enjuiciamiento penal se identifican en términos vagos y generales, lo que hace imposible que los jueces individuales sepan qué conducta constituiría un delito penal y permite la acción arbitraria del Ejecutivo", han explicado en un comunicado.
Por su parte, la directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, Amna Guellali, ha subrayado que, "decreto por decreto", Saied "ha reforzado el control ejecutivo sobre los asuntos judiciales". "Con cada nuevo decreto otro apretón de puños en torno a la independencia judicial", ha dicho.
El mandatario tunecino anunció el 30 de marzo la disolución del Parlamento, ocho meses después de su suspensión, apenas unas horas después de una reunión telemática de los diputados en la que revocaron las medidas de excepción y denunciaron un golpe de Estado.
Asimismo, aprobó un decreto en el que modificaba la composición de la comisión electoral y dejaba la designación en sus propias manos y en las de un organismo que depende directamente de él. Saied ha prometido elecciones para el 17 de diciembre de 2022 y un referéndum constitucional el 25 de julio de 2022, fecha ya fijada a través de un decreto presidencial.
