MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Consejo Danés para los Refugiados (DRC) e International Rescue Committee han confirmado que cuatro de sus trabajadores murieron en el mes de noviembre en el marco del conflicto en la región de Tigray entre el Ejército etíope y las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
En el caso del DRC, ha explicado que se trata de tres guardias de sus proyectos en la región, donde los trabajadores humanitarios de la ONG están "en la vanguardia del imperativo humanitario para ofrecer asistencia a quienes la necesitan".
Según la explicado la ONG danesa en un comunicado, debido a los problemas de comunicación y a la inseguridad que aún impera en la región, aún no han podido contactar con sus familias. "Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para contactarles y garantizar que reciben apoyo", ha prometido.
Por su parte, IRC ha confirmado la muerte de uno de sus trabajadores en el campo de refugiados de Hitsats, situado en Shire, defendiendo igualmente la laborq que realiza su personal en el país. La ONG ha precisado que debido a los problemas de comunicación aún está intentando "confirmar los detalles en torno a los acontecimientos que llevaron a la muerte de nuestro colega".
"Pedimos a todas las partes en el conflicto a que acuerden un alto el fuego inmediato y garanticen que los civiles, incluidos refugiados y trabajadores humanitarios, están protegidos y son capaces de seguir accediendo y ofreciendo servicios vitales", ha reclamado IRC.
En la misma línea se ha pronunciado el DRC, que ha pedido "a todas las partes que respeten el Derecho Internacional Humanitario, incluida la protección tanto de civiles como de trabajadores humanitarios".
La ONU llegó a un acuerdo con el Gobierno etíope el pasado 2 de diciembre para el acceso de ayuda humanitaria a Tigray sin restricciones y de forma segura. Sin embargo, el incidente sufrido por un equipo de seguridad de Naciones Unidas el domingo, que fue disparado por soldados etíopes mientras analizaba la situación sobre el terreno para organizar los convoyes de ayuda, ha retrasado los procedimientos y ambas partes siguen negociando aún los detalles logísticos y de seguridad para que la ayuda pueda entrar en la región.
Por el momento no hay datos sobre el balance de muertos y heridos que ha dejado el conflicto, que arrancó el 4 de noviembre en respuesta del Gobierno etíope a un ataque por parte del TPLF contra posiciones del Ejército y cuya fase ofensiva ya ha dado por concluida el primer ministro, Abiy Ahmed. No obstante, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró el miércoles que los combates continúan en algunas zonas.
Según una primera evaluación de las organizaciones humanitarias presentes en la región, unas 950.000 personas se han visto desplazadas. En su último informe, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) subraya que "la situación humanitaria se sigue deteriorando" en Tigray. La falta de suministros básicos como comida, agua, combustible o dinero en efectivo "llevan a una inminente catástrofe humanitaria", precisa.
CASI 50.000 REFUGIADOS EN SUDÁN
Por otra parte, casi 50.000 etíopes han cruzado ya hacia el este de Sudán, algunos de los cuales, según ha explicado Babar Baloch, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), han contado que "han tenido que evitar a grupos armados" para poder llegar al país vecino.
El ritmo de las llegadas se ha ralentizado desde el pasado domingo, con unas 500 diarias, y quienes llegan proceden de zonas más alejadas en Tigray, por lo que están "débiles y exhaustos". "Algunos cuentan que han pasado dos semanas huyendo dentro de Etiopía en su camino hacia la frontera", ha precisado el portavoz.
Según han contado al personal de ACNUR, se han visto parados en su viaje por grupos armados, que les han robado sus pertenencias. "Algunos han estado durante un tiempo escondidos en los campos y los bosques para evitar ser detectados", ha añadido Baloch.
Para ayudar a estos refugiados, hacen falta más medicinas, especialmente para tratar enfermedades como la diabetes, el VIH y otras dolencias, así como más apoyo para evitar brotes de COVID-19, incluidos puntos de lavado de manos, kits de protección personal y campañas de información, "ya que los refugiados siguen estando en condiciones de hacinamiento".
REFUGIADOS ERITREOS EN TIGRAY
Por otra parte, ha reconocido que ACNUR sigue estando preocupado por los 96.000 refugiados eritreos que había en Tigray antes del conflicto, ya que "no han tenido acceeso a servicios y suministros desde hace más de un mes", por lo que ha pedido "acceso sin restricciones a Tigray para llegar hasta quien lo necesita".
"Repetimos el llamamiento conjunto de la ONU a todas las partes para que permitan libertad de movimiento a los civiles afectados que buscan asistencia y seguridad dentro de Tigray o fuera de las zonas afectadas. Esto incluye respetar y mantener el derecho a cruzar las fronteras internacionales para buscar asilo", ha remachado Baloch.
El Gobierno etíope se ha pronunciado precisamente este viernes sobre la situación de los refugiados eritreos. En un comunicado, ha indicado que pese a que la operación militar no suponía una "amenaza directa" para ellos, "un gran número de refugiados eritreos malinformados" han abandonado de forma "irregular" los campamentos, en particular los de Mai-Ayni y Adi-Harush para dirigirse a Adís Abeba.
Ante las "dificultades para garantizar su seguridad" y ofrecerles asistencia, ha precisado, el Gobierno ha procedido a "albergarles". Además, está procediendo a llevarlos de vuelta "de forma segura" a sus respectivos campos, donde podrán tener acceso a asistencia ya que, ha precisado, se está enviando ya alimentos a los campos de refugiados y todos ellos están en las zonas bajo control gubernamental.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha publicado un comunicado en el que ha dejado claro que no tiene nada que ver con este proceso y ha negado que sus autobuses se estén empleando para "transportar a los refugiados a un destino desconocido".
Según ha precisado, uno de sus centros en la capital fue tomado el 3 de diciembre por la Agencia para los Asuntos de los Refugiados y los Retornados (ARRA) etíope y desde entonces la OIM "no ha tenido ninguna autoridad de gestión, supervisión o ha estado implicada en ninguna de las actividades realizadas por las autoridades" en el mismo.