TRENTON (NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS), 21 (EP/AP)
Unos 1.200 manifestantes se concentraron el lunes frente al Congreso estatal, en Nueva Jersey para protestar contra una propuesta de ley que consideraría la inmigración ilegal un delito grave.
Los manifestantes agitaron innumerables banderas de Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador y República Dominicana, y condenaron la iniciativa, al considerar que castigaría a quienes contribuyen con la economía estadounidense en empleos de salarios bajos, y pagan además varios impuestos, incluidos los que gravan el consumo.
Exigieron además medidas que faciliten la obtención de la ciudadanía estadounidense por parte de los inmigrantes. "Esta es la voz de los que no tienen voz", dijo Mahonrry Hidalgo, jefe del comité de inmigración en la Alianza de Liderazgo Latino. "Somos parte de la fuerza de trabajo de este país".
Los participantes en la protesta mostraron algunos carteles que decían: "Somos trabajadores, no terroristas" y "hacemos trabajos que los gringos nunca harían". Los manifestantes interrumpieron en varias ocasiones los discursos, con gritos de "¡Sí se puede!"
Según los organizadores, el objetivo específico de la protesta era llamar la atención sobre lo que consideraron la naturaleza de la iniciativa presentada por el representante James Sensenbrenner, republicano por Wisconsin. La medida, aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes consideraría un delito grave la presencia ilegal de una persona en Estados Unidos, algo que en la actualidad es considerado una falta civil.
La iniciativa será sometida a votación el 27 de marzo, ante la Comisión Judicial del Senado, cuyo presidente Arlen Specter, republicano por Pensilvania, ha ofrecido revisiones que según algunos grupos de defensa de los inmigrantes, crearían un estrato permanente de residentes "de segunda" sin alternativas para buscar la ciudadanía.
En vez de ello, los grupos están a favor de los senadores John McCain, republicano por Arizona, y Edward M. Kennedy, demócrata por Massachusetts. Esa opción permitiría que los inmigrantes que se encuentran ya en Estados Unidos permanecieran seis años si se mantienen trabajando y pagan una multa de 1.000 dólares. Luego, los inmigrantes podrían obtener la residencia permanente.