MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 7 Ene. (EP/AP) -
La comparecencia del presunto miembro de la red Al Qaeda José Padilla, en la que este estadounidense de origen puertorriqueño iba a declararse culpable o inocente, prevista para hoy fue aplazada por el juez hasta el próximo 12 de enero.
Después de permanecer preso durante más de tres años como 'combatiente enemigo' en una cárcel militar, Padilla tendrá que comparecer ante un tribunal como un civil, y así construirá su defensa.
El magistrado tendrá que determinar si Padilla, que solía ser un pandillero en Chicago, permanecerá bajo custodia o será puesto en libertado después de pagar su fianza. Los fiscales dijeron que intentarán que permanezca detenido.
Padilla fue transferido el jueves de una prisión militar a una civil. Está acusado de unirse a una red norteamericana que apoyaba al terrorismo y que lo envió a entrenarse con Al Qaeda, y de "asesinar, mutilar y secuestrar" a personas en territorio extranjero.
El presunto terrorista fue detenido en el Aeropuerto O'Hare de Chicago en mayo de 2002, y ha permanecido detenido desde entonces sin acusaciones criminales, bajo sospechas de que conspiró para detonar una "bomba sucia" radioactiva en Estados Unidos.
Se le había pedido a la Corte Suprema de Justicia que usara su caso para definir los poderes presidenciales sobre los ciudadanos estadounidenses que están detenidos en este país bajo sospechas de terrorismo.
Pero antes de que la corte resolviera si tomaba o no el caso, el Gobierno del presidente George W. Bush acusó a Padilla en noviembre en un tribunal civil. Las acusaciones no incluyen las alegaciones referidas a la "bomba sucia".
En una audiencia breve, el juez Barry Garber explicó ayer los derechos de Padilla como acusado penal y le preguntó si los entendía. "Sí, los entiendo", respondió Padilla.
La Corte Suprema aprobó el pasado miércoles la transferencia de Padilla de la custodia militar al fuero civil, invalidando así un fallo de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito.
El tribunal de apelaciones se había negado a autorizar el traslado del caso en un dictamen que formuló duras críticas al gobierno de Bush. Sugirió que la administración federal cambió sus tácticas y acusó a Padilla con el propósito de eludir un veredicto de la Corte Suprema sobre los poderes presidenciales en tiempos de guerra.
