WASHINGTON, 3 Ago. (EP/AP) -
El presidente estadounidense, George W. Bush, firmó hoy una legislación que, a juicio de éste consolida los esfuerzos de su Administración en materia de lucha contra el terrorismo al garantizar más fondos para los estados potencialmente de alto riesgo, además de entre otras medidas, intensificar la vigilancia de productos comerciales que lleguen vía mar o aire.
"Esta legislación construye sobre el progreso considerable que hemos hecho para reforzar nuestra defensa y proteger a los americanos desde los ataques del 11 de septiembre", valoró Bush en un comunicado.
Además de una revisión exhaustiva de todo cargamento que llegue en aviones en los próximos tres años, la legislación hoy firmada marca un objetivo de lograr escanear, en un plazo de cinco años, todos los barcos en busca de tecnología nuclear antes de que zarpen de puertos extranjeros, si bien el Departamento de Seguridad Nacional se reserva el derecho de retrasar la implantación de esta medida.
Por otra parte, la legislación aprobada aumenta la importancia de los factores de riesgo para determinar qué estados y ciudades norteamericanas obtienen fondos federales para fortalecer su seguridad, lo que significaría que ciudades como Nueva York o Washington reciban más dinero. Asimismo, la ley otorga recursos financieros para un nuevo programa que garantice que los agentes de seguridad en todos los niveles pueden comunicarse unos con otros.
Bush aplaudió la labor del Congreso por aprobar esta ley, y subrayó que continuará trabajando con los parlamentarios para garantizar que el escaneado de cargamentos sean viables y no afecten o impidan el intercambio comercial.
"Esta legislación supone cierto progreso, pero también autoriza millones y millones de dólares para préstamos y otros programas que son innecesarios y no deberían financiarse en niveles tan excesivos", incidió el mandatario, quien insistió en que no solicitará "esta financiación excesiva al solicitar su presupuesto de 2009".
Bush echó la firma al proyecto legislativo, ratificando su entrada en vigor, poco antes de almorzar en la sede del FBI con asesores en antiterrorismo y miembros de su equipo de seguridad nacional. "Hemos trabajado duro desde el 11 de septiembre para que este país sea seguro y aunque es más seguro no es seguro del todo", reconoció al FBI.
"Todavía hay trabajo que hacer. Sigo creyendo que el Congreso debe actuar sobre las recomendaciones pendientes de la Comisión del 11 de septiembre para reformar la rama legislativa en materia de actividades de Inteligencia y contraterrorismo, que la comisión calificó de disfuncionales", añadió Bush.
Dicha Comisión emitió 41 recomendaciones que cubren aspectos que van desde seguridad interna, recogida de información de Inteligencia y política exterior. Tanto el Congreso como la Casa Blanca aplicaron algunas de estas recomendaciones, entre ellas, la de crear un director nacional de Inteligencia, reforzar la vigilancia fronteriza y luchar contra las redes de financiación del terrorismo.
Según explicó el vicepresidente de la comisión, el ex senador republicano Lee Hamilton, la ratificación de la ley implica que el 80 por ciento de las recomendaciones de la comisión de investigación del mayor atentado contra Estados Unidos serán adoptadas, aunque apuntó como uno de los puntos débiles de la ley el no garantizar el cumplimiento de la recomendación al Congreso sobre la necesidad de mejorar un mecanismo de supervisión de cuestiones de Inteligencia y de seguridad interna.
PREVISIONES DE LA LEY
Entre sus previsiones, la ley exige que el presidente confirme que Pakistán está haciendo progresos en su lucha contra la red terrorista Al Qaeda y la milicia talibán dentro de sus fronteras, antes de que Estados Unidos suministre ayuda al país.
Además, la ley autoriza una partida de más de 4.000 millones de dólares (2.900 millones de euros) para cubrir durante cuatro años la seguridad en trenes, calles y autobuses.
Por otro lado, la normativa establece un sistema electrónico nuevo sobre autorización para viajar con la intención de mejorar la seguridad de los visitantes de países que formen parte de un programa de visado conjunto.
Asimismo, prevé conceder la inmunidad a civiles que de buena fe informen de actividades sospechosas que amenazan a la seguridad de los pasajeros en sistemas de transportes o sean susceptibles de constituir actos de terrorismo.