HUNTSVILLE (TEXAS), 23 Mar. (EP/AP) -
El estado de Texas ejecutó ayer miércoles al hispano Robert Salazar Jr. por haber matado a una niña de dos años, y el próximo martes ajusticiará a Raymond Martínez.
"A todo mundo a ambos lados de esa pared, quiero que sepan que los amo a todos", dijo Salazar Jr. en una declaración final el miércoles por la noche, dirigiéndose a su familia, a la madre de la niña y otros parientes que estaban allí como testigos. Miraba hacia su familia mientras hablaba.
"Lamento que la niña tuviera que perder su vida, pero yo no tendría que estar aquí. Díganle a mi familia que los amo a todos y que los veré en el Cielo. Vengan a casa cuando puedan", afirmó.
Siete minutos después el reo fue declarado muerto cuando la dosis letal comenzó a fluir en su cuerpo.
Salazar, de 27 años, fue el sexto prisionero ejecutado este año en Texas y el segundo de cuatro programados para morir este mes en el estado más activo del país en la aplicación de la pena capital.
Más de 1.000 ejecuciones se han llevado a cabo en Estados Unidos desde que en 1976 se suspendió una moratoria a la pena de muerte.
En un comunicado dirigido a la policía después de su arresto, Salazar, cuyos abogados afirman que padecía retraso mental, dijo que se enfadó con Adriana Gómez, de dos años, porque no paraba de llorar mientras se bañaban. La empujó y provocó que se golpeara la cabeza con la bañera.
Salazar provocó a la niña al menos tres lesiones que ponían en peligro su vida el 23 de abril de 1997, con golpes a la cabeza, el pecho y el abdomen. Dejó a la niña en su cuna y se fue a casa de su madre a tomar una cerveza con un amigo. "No pretendía lastimar a Adriana", había dicho Salazar. "No quiero que la gente piense que soy una mala persona por lo que hice".
Philip Wischkaemper, abogado defensor de Salazar durante su juicio en 1999, dijo que tras la falta de arrepentimiento del interno está su retraso mental. Dijo que los exámenes han mostrado que el coeficiente intelectual de Salazar probablemente está por debajo de 75, un argumento al que los fiscales se han opuesto, al mencionar otros exámenes que muestran que su coeficiente era de 102. El umbral legal para considerar a una persona como retrasado mental es 70.
