Actualizado: martes, 6 septiembre 2016 20:11

WASHINGTON, 6 Sep. (Reuters/EP) -

La Casa Blanca ha subrayado este martes que "las palabras importan" en respuesta a la crisis bilateral con Filipinas por el insulto que su presidente, Rodrigo Duterte, dirigió a su homólogo estadounidense, Barack Obama, por criticar su guerra contra las drogas.

"Las palabras importan", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, interrogado en la rueda de prensa diaria sobre este incidente. No obstante, ha insistido en que Estados Unidos persigue "una atmósfera cordial y abierta a una fuerte cooperación" con Filipinas.

Duterte se refirió a Obama con un insulto que ha sido traducido del tagalo como "hijo de puta", en respuesta a las críticas estadounidenses a la guerra contra la droga de su Gobierno, recalcando que Filipinas "ya no es un estado vasallo".

Tras ello, Obama decidió cancelar la reunión bilateral en la que ambos habían accedido a participar, pese a sus diferencias, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), que se celebra estos días en Laos.

El secretario ejecutivo de Filipinas, Salvador Medialdea, ha rebajado la tensión este martes asegurando que Duterte solo pretendía recalcar la soberanía del país. "No tenemos un problema con Estados Unidos. Son nuestros aliados desde hace mucho tiempo", ha enfatizado.

Duterte ganó las elecciones en mayo tras prometer que acabaría con el crimen y el tráfico de drogas en el país. A pesar de que su campaña antidrogas ha contado con el apoyo popular, grupos de activistas han mostrado su preocupación por la situación.

De hecho, ha llamado a los ciudadanos a sumarse a esta lucha contra la delincuencia: en la ciudad de Cebú --ubicada en las Bisayas centrales--, el presidente, antes de acceder formalmente al cargo, ofreció 5,5 millones de pesos (unos 100.000 euros) por cada narcotraficante muerto.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) ha expresado su preocupación ante el creciente número de delincuentes abatidos, por lo que ha establecido un grupo de trabajo para evaluar las ejecuciones extrajudiciales.

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