MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Irán han ejecutado este viernes a tres personas condenadas en relación con los disturbios registrados en el marco de las manifestaciones desencadenadas en septiembre tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, los ejecutados son Mayid Kazemi, Salé Mirhashemi y Said Yaqubi, todos ellos sentenciados a la horca por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad en un "ataque terrorista" perpetrado en noviembre en la ciudad de Isfahán.
Las ejecuciones han sido llevadas a cabo después de que el Tribunal Supremo ratificara las sentencias, cerca de dos semanas después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, indicara que las autoridades habían ajusticiado a más de 200 personas en lo que va de año, cifra que consideró "aterradora".
Tras la confirmación de los ajusticiamientos, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reseñado que "en tan solo dos meses, casi cien personas han sido ejecutadas en Irán, en una muestra de cómo las autoridades están utilizando la pena de muerte como una herramienta de represión".
Asimismo, ha detallado que las autoridades de prisión llamaron el miércoles a los familiares de los condenados para que fueran a realizar una última visita. Durante la misma, Kazemi afirmó que la confesión fue extraída bajo torturas por parte de las fuerzas de seguridad.
"Juro por Dios que soy inocente. No llevaba armas encima. No dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que el arma era mía. Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que quisieron a causa de la tortura", aseguró.
Amnistía Internacional ha reseñado que los tres detenidos fueron torturados, sometidos a simulacros de ejecución, se les amenazó con matar a sus familiares y se les obligó a hacer declaraciones incriminatorias, tras lo que se celebró un juicio que cuatro días y que "estuvo lleno de deficiencias y falta de pruebas".
Por ello, ha hecho hincapié en que las ejecuciones "son un ejemplo más del descarado desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y a un juicio justo" y ha aseverado que "tienen un claro objetivo: infundir miedo a la población en un intento desesperado por parte de las autoridades de aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular, además de vengarse de quienes, manifestándose, se atreven a desafiar el orden establecido".
La ONG ha destacado que "hay más de 20 personas en prisiones de Irán que corren el riesgo de ser ejecutadas en cualquier momento por su participación en protestas" y ha reiterado que son personas que "no han tenido un juicio justo, con derecho a acceder a una defensa adecuada, en los que se han usado 'confesiones' obtenidas bajo tortura y sin ni siquiera ser considerados inocentes hasta que se demostrara lo contrario".
Las organizaciones no gubernamentales Iran Human Rights (IHR) y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM), indicaron en abril que Irán ejecutó por ahorcamiento a 582 personas en 2022. Las ONG subrayaron que la cifra es la más alta desde 2015 y afirmaron que el objetivo del Gobierno iraní es "infundir miedo para aferrarse al poder".
Las manifestaciones a raíz de la muerte de Amini se saldaron con alrededor de 470 muertos, según ONG, y, si bien las autoridades iraníes han reconocido excesos puntuales de las fuerzas de seguridad, han asegurado que estas protestas han estado alimentadas por "alborotadores" y potencias extranjeras.
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