LONDRES 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que, cinco años después de su detención, once antiguos parlamentarios y diez periodistas, junto a otras cientos de personas, siguen encarcelados sin cargos ni juicio por exigir reformas democráticas al Gobierno en septiembre de 2001.
Según un comunicado de la organización, recientemente han circulado denuncias según las cuales varios de los 11 ex parlamentarios encarcelados en una prisión secreta, y algunos periodistas que al parecer fueron recluidos con ellos, han muerto bajo custodia debido a las duras condiciones y a la denegación de tratamiento médico.
Por ejemplo, las informaciones indican que el general Ogbe Abraha, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, murió en julio de 2002 a causa de las heridas sufridas en un intento fallido de suicidio, a pesar de haber recibido tratamiento médico. Al parecer, las otras muertes se produjeron en años posteriores por enfermedad de los detenidos.
Amnistía Internacional no ha podido conseguir la confirmación de estas denuncias y está investigándolas. A pesar de los numerosos llamamientos que se han hecho en estos años y de la preocupación internacional por las detenciones, las autoridades nunca han desvelado el paradero ni las condiciones de detención de estas personas, ni han permitido acceso alguno a ellas, según AI.
Con el fin de aclarar la situación de estas personas, "que de hecho 'desaparecieron' tras su detención", Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que forme un equipo de investigación independiente e imparcial para que visite la prisión secreta en la que se encuentran los detenidos, las entreviste en privado e informe públicamente sobre su situación y sus condiciones de detención y de salud.
Amnistía Internacional ha instado también a que las detenciones se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales de Eritrea, así como de los tratados internacionales de Derechos Humanos que este país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado prohíbe la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los presos y los juicios sin garantías.
Los 11 parlamentarios (conocidos como miembros del 'G15' o 'Grupo de los 15', entre los que había varios ex ministros) fueron acusados públicamente de "traición" durante la guerra con Etiopía, y los periodistas detenidos fueron acusados de apoyarlos con sus publicaciones como "espías y mercenarios". No se han presentado cargos contra ninguno ni se los ha puesto a disposición judicial.
Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, encarcelados por sus opiniones y su postura crítica frente al Gobierno. La organización reitera su petición para que estas personas sean puestas en libertad sin condiciones, al igual que otros presos de conciencia, incluidos los encarcelados a causa de sus creencias religiosas.
Según Amnistía, la mayoría de los miles de presos políticos y religiosos en Eritrea se encuentran en régimen de incomunicación en cárceles secretas de seguridad o militares, sin que se hayan presentado cargos contra ellas ni hayan sido puestas a disposición judicial. A menudo sus familiares no saben dónde están, ni siquiera si están vivas. Las autoridades, según AI, se limitan a responderles que "no tienen derecho a preguntar".
Aparte, la atención médica que reciben estas personas es "sumamente deficiente", según la organización. Asimismo, los malos tratos sistemáticos y las duras condiciones de detención, a menudo en contenedores metálicos de transporte de mercancías, "han seguido invariables año tras año". Por otra parte, la tortura sigue utilizándose habitualmente como castigo contra los presos encarcelados por motivos políticos o religiosos.