MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, pidió hoy al Gobierno Español , coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que "impida que en la zona europea vuelva a instaurarse el debate sobre la pena de muerte", en referencia a la posibilidad de que Polonia la reponga, al tiempo que expresó el deseo de que "en la reforma constitucional --española-- quede definitivamente abolida".
En declaraciones a Europa Press Televisión, Beltrán exigió al Gobierno que quite de la Constitución el párrafo que se refiere a la pena de muerte en tiempo de guerra pues crea "un espacio de ambigüedad para que se pueda utilizar la pena de muerte en el futuro". Desde Amnistía Internacional se insistió en que esta petición, hecha pública hoy por la organización, se hará llegar a los diputados "cuando empiece la discusión sobre la reforma en el Congreso".
Para Beltrán la vigencia de la pena de muerte atraviesa por un momento "de luces y sombras", de forma que mientras "hay 129 países que no la aplican --recordó-- son los 68 países que la mantienen". En ese sentido, recordó que "el 94 por ciento de las ejecuciones tienen lugar en China, EE.UU., Irán y Arabia Saudí" y denunció que sólo en China "entre 8.000 y 10.000 personas son ejecutadas". Para Beltrán, "lo importante es que la gente no baje la guardia puesto que no está ganada la batalla contra la pena de muerte".
En referencia a la actuación del Gobierno español a nivel internacional, respecto a aquellos países que mantienen la pena de muerte, Beltrán precisó que el Ejecutivo tiene que ser "muy firme". En concreto, se refirió a los casos de Cuba y Perú e instó al Gobierno a pedir a Cuba la abolición de la pena de muerte y a Perú la no extensión de la pena capital.
Por último, Beltrán se refirió al caso de Irán, que "está a punto de ejecutar a siete mujeres por lapidación". Para Amnistía Internacional esta es "una tendencia preocupante puesto que desde 2002 no había habido ejecuciones por lapidación" por lo que instó tanto a España como a la UE a continuar "con una política clara opuesta a la pena de muerte y buscando su abolición".
