MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno confirmó hoy que negocia con Guinea Conakry -país de donde partió el 'Marine I'-- para trasladar a este país a los últimos 23 inmigrantes asiáticos de ese barco que permanecen en Mauritania y que se niegan a aportar datos que faciliten su identificación.
Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, durante el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador del Grupo Popular Dionisio García Carnero sobre las medidas que el Ejecutivo tiene previsto adoptar con respecto a estos inmigrantes.
Moratinos subrayó que el Gobierno español "no puede forzar a nadie" a que diga su identidad y, tras remarcar que estos 23 inmigrantes no han facilitado datos ni a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ni a la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ni a las autoridades indias y paquistaníes desplazadas temporalmente a Nuadibú para identificar a sus nacionales, ni tampoco a las autoridades españoles ni mauritanas, el Ejecutivo "sigue trabajando para tratar de trasladarlos a Guinea Conakry".
Sin embargo, este lunes fuentes diplomáticas informaron de que el Ejecutivo aprovecharía la visita del presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, a España para pedir a este país que se implicara en la resolución final de esta crisis ante las sospechas de que estos inmigrantes proceden de Pakistán.
Fuentes de Moncloa informaron ayer de que esta cuestión no se abordó en la entrevista mantenida entre Musharraf con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy Moratinos indicó que el Gobierno desconoce su nacionalidad y cree que son asiáticos por sus rasgos.
El senador 'popular' consideró que la crisis del 'Marine I' refleja la política migratoria del Gobierno que, bajo su punto de vista, ha convertido España en el "principal foco de atención del mundo" para la inmigración irregular.
En su réplica, el ministro apuntó que Países Bajos y Alemania han anunciado sendos procesos de regularización masiva de inmigrantes, lo que demuestra, a su juicio, que siguen "las políticas inmigratorias que defiende el Gobierno español" que, dijo, son "cada vez más defendidas y aplaudidas en el seno de la Unión Europea".
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