((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema. Perdonen las molestias))
MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Campaña por la Abolición de la Deuda Externa, que aglutina a medio centenar de organizaciones no gubernamentales, denunció hoy que la propuesta de ley que va a discutir en ponencia la Comisión de Asuntos Exteriores no recoge las demandas de la sociedad civil y puede suponer "un paso atrás" en la lucha contra la pobreza.
Esta organización recordó que Convergencia i Uniò presentó el 23 de abril de 2004 una Propuesta de ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, que un año más tarde fue admitida a trámite por todos los partidos.
"Desde entonces, los diferentes partidos políticos han realizado 43 enmiendas a esta Propuesta inicial que, a pesar de que no cumplía todas las expectativas de la sociedad civil, sí recogía algunas propuestas interesantes", señaló.
Sin embargo, es "preocupante" la dirección que está tomando dicha ley a raíz de las enmiendas presentadas, especialmente por el PSOE. La concepción "excesivamente economicista" de las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que defienden que tan sólo será necesario actuar en países sobre-endeudados que previamente hayan cumplido "con determinadas políticas económicas de corte neoliberal, cómo las fijadas por el FMI, destruye el espíritu más social que se desprendía de la proposición de Ley inicial".
A su juicio, la ley que pretende aprobar el Parlamento, y por ende el Gobierno, "demuestra que no hay voluntad política para acabar con la deuda externa, injusta e ilegítima, de los pueblos del sur".
Para corregir este problema, la ley debería recoger cuatro demandas. La primera es promover "la total transparencia de información" sobre el origen de la deuda, los beneficiarios de los créditos otorgados, los impactos que éstos conllevan para los pueblos del sur y su entorno, así como los responsables directos de dichos impactos.
En este sentido, es "imprescindible" que se lleven a cabo auditorías de deuda, participadas con la sociedad civil, para todos los países endeudados con la Administración española, a fin de conocer en qué grado la deuda con el Estado español es "legítima".
Este proceso requeriría "una moratoria del cobro de la deuda, la cancelación inmediata de las deudas ilegítimas y el enjuiciamiento de sus responsables". En segundo lugar, pidió que dicha ley prevea la eliminación, reformulación y/o revisión de los mecanismos generadores de deuda todavía vigentes.
A continuación, reclamó que se contemple "la coherencia de políticas, con el objetivo que la gestión de la deuda dependa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación". En quinto lugar, propuso que se articulen los mecanismos necesarios "para asegurar la participación activa de la sociedad civil, tanto la del Estado español como la de los países endeudados, en la definición y seguimiento de la gestión de la deuda externa".
"En caso que la Ley de Regulación de Deuda finalmente aprobada no recoja estas reivindicaciones habremos perdido una oportunidad de oro para obtener una solución efectiva al endeudamiento ilegítimo que sufren muchos países del mundo, hipotecando con ello la estabilidad, el desarrollo social, político y económico de sus ciudadanos y ciudadanas", concluyó.
