NUEVA YORK 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al Gobierno etíope de intimidaciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en las áreas rurales y urbanas del país para acabar con las manifestaciones contra los últimos resultados electorales y abortar cualquier forma de disidencia.
"El Gobierno etíope está suprimiendo violentamente cualquier forma de protesta y castigando a los supuestos partidarios de la oposición", declaró el director para Africa de Human Rights Watch, Peter Takirambudde, al término de una misión de investigación llevada a cabo por la organización en Addis Abeba y en las regiones de Oromia y Amhara.
"Los gobiernos donantes deben insistir en que se haga una investigación independiente y creíble sobre los abusos cometidos por la Policía Federal y por autoridades locales en las áreas tanto rurales como urbanas", añadió.
En la oleada de manifestaciones que siguieron a las elecciones parlamentarias del pasado 15 de mayo --en las que la oposición obtuvo un número inédito de escaños en medio de las controversias sobre los resultados--, la Policía Federal de las regiones de Oromia y Amhara, con el apoyo de las autoridades locales y de las milicias progubernamentales, amenazó, golpeó y detuvo a partidarios de la oposición, estudiantes y personas sin afiliación política, en ocasiones en redadas nocturnas, según HRW.
Aparte, la Policía Federal también jugó un papel destacado en los enfrentamientos registrados el pasado mes de noviembre en Addis Abeba. Testigos presenciales afirmaron a Human Rights Watch que la Policía Federal "golpeó salvajemente" con palos a estudiantes armados y les disparó en la espalda en el momento en que huían.
Miles de personas fueron detenidas en Addis Abeba y en las zonas rurales tras las manifestaciones de junio y noviembre. La mayoría de los detenidos en noviembre fueron posteriormente liberados, pero más de 3.000 personas recluidas desde entonces en el campamento militar de Dedessa fueron posteriormente transferidas al penal de Ziway, a unos 130 kilómetros al sur de la capital, para su interrogatorio.
Al menos otros 2.500 prisioneros, incluidos muchos partidarios de la oposición y observadores electorales de partidos opositores, se encuentran recluidos en otro centro de detención, Bir Shelako, a unos 385 kilómetros al noroeste de Addis Abeba, cerca de la ciudad de Bure (región de Amhara).
"El Gobierno etíope ha detenido en los últimos años a personas por tiempo indefinido y sin juicio, y por tanto es de temer que las autoridades hagan de nuevo lo mismo", declaró Takirambudde. "Los países donantes deben pedir al Gobierno etíope que garantice que todos los detenidos serán acusados de inmediato de un cargo y llevados a juicio o, en caso contrario, excarcelados", añadió.