La Eurocámara aprueba por amplia mayoría el informe de los vuelos de la CIA

ESTRASBURGO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy por una amplia mayoría de 389 votos a favor, 137 en contra, y 55 abstenciones el informe provisional elaborado por la Comisión sobre la CIA de la Eurocámara, en el que se considera probada la existencia de casos de secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo en territorio europeo y de violaciones de los Derechos Humanos, y se considera "inverosímil" que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de estas actividades de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Los eurodiputados acordaron prorrogar 6 meses el mandato de la comisión para seguir investigando.

La Eurocámara "se ve obligada a creer, sobre la base de las pruebas presentadas por la comisión temporal, que, en algunos casos, la CIA y otros servicios de los Estados Unidos han sido directamente responsables del rapto, el traslado, el secuestro y la detención de sospechosos de terrorismo en el territorio de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión y candidatos, así como de la entrega extraordinaria, entre otros, de ciudadanos o residentes europeos", señala el informe. Manifiesta su preocupación por que todo esto supone que "en numerosas ocasiones se han violado de manera grave e inadmisible los Derechos Humanos".

Los parlamentarios creen "inverosímil" que los Gobiernos europeos no tuvieran conocimiento de las actividades relacionadas con las entregas extraordinarias que se desarrollaban en su territorio, y citan en concreto a Alemania, Italia y Suecia. En particular, consideran "muy inverosímil" que se pudieran realizar "varios cientos de vuelos" a través del espacio aéreo de varios Estados miembros "sin conocimiento de los servicios de seguridad o inteligencia, y sin que se plantearan interrogantes a los responsables de estos servicios respecto a la relación entre dichos vuelos y la práctica de las entregas extraordinarias".

El Parlamento "condena la práctica de las entregas extraordinarias", cuyo objeto es evitar que los sospechosos sean sometidos a un proceso, al ser entregados a terceros países con el fin de ser interrogados, incluso bajo tortura, y detenidos en instalaciones que están bajo el control de los Estados Unidos o de las autoridades locales. Y subraya "la urgente necesidad de prohibir claramente en el Derecho intencional la figura denominada entrega extraordinaria".

Además, indica que, desde el 11 de septiembre de 2001, las entregas extraordinarias no eran episodios ocasionales sino habituales en varios países europeos. También pone el acento en falta de transparencia de muchos gobiernos y denuncia la violación de la convención de Chicago, que obliga a comunicar la ruta, destino, tripulación y pasajeros de todos los vuelos oficiales.

"Los Estados tienen obligaciones positivas, según el Derecho internacional, para prevenir, investigar y luchar activamente contra las violaciones de los derechos humanos que directa o indirectamente se puedan vincular a su territorio", dice también el texto, en el que los eurodiputados consideran necesario continuar las investigaciones para aclara el rol de los soldados norteamericanos integrados en las fuerzas de la OTAN.

Sobre las supuestas cárceles secretas de la CIA, la Eurocámara "observa que el trabajo de la comisión temporal no ha revelado hasta la fecha evidencia o prueba alguna de la existencia de prisiones secretas en la UE". "Considera, no obstante, que en los próximos meses, el trabajo de la comisión temporal se centrará más en este aspecto".

A petición del Partido Popular Europeo (PPE), el informe toma nota de las contribuciones del coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo, Gijs de Vries, y del Alto Representante para la Política Exterior, Javier Solana, que declararon que no tenían conocimiento de ninguna violación de la legislación nacional, europea o internacional por parte de Estados miembros que cooperan con la CIA, a la vez que añadieron que la legislación de la UE no les confiere la competencia necesaria para solicitar la información perteneciente a los Estados miembros.