MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) ha rechazado que el indulto humanitario que firmó en 2017 en favor del también expresidente Alberto Fujimori no fue fruto de un pacto bajo la mesa, sino una decisión basada en criterios médicos.
Kuczynski ha declarado este miércoles como testigo en el juicio contra Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, por posible cohecho y tráfico de influencias en el marco del 'caso Mamanivideos', según recoge Canal N.
En dicha vista, Kuczynski ha remarcado que el indulto no fue fruto de ningún acuerdo y ha argumentado que ya durante su campaña electoral se posicionó en favor de que Fujimori --condenado a 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos-- cumpliera su sentencia en su domicilio "por razones humanitarias".
En este sentido, Kuczynski ha explicado que, debido a que no existía legislación alguna que permitiera que Fujimori y el resto de condenados pudieran cumplir la sentencia en sus hogares, su Ejecutivo se enfocó en la posibilidad de conceder al exmandatario el indulto humanitario.
La medida de gracia concedida a Fujimori ha estado rodeada de polémica pues ya en 2017 se vio como un intento desesperado de Kuczynski por evitar los votos de Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.
El perdón fue anulado en octubre de 2018, en un fallo en el que también se hizo mención a las irregularidades que Kuczynski cometió al otorgar el indulto al expresidente, con su hijo Kenji y otros congresistas de Fuerza Popular medrando en esa operación.
Respecto a este asunto, Kuczynski ha defendido este miércoles haber ofrecido, o haber pedido a alguno de sus ministros que ofreciera, obras a ciertos legisladores a cambio de no votar en contra de la vacancia. "En ningún momento ofrecí ningún proyecto a ningún congresista".
El Tribunal Constitucional de Perú concedió el pasado jueves la libertad al expresidente Alberto Fujimori, después de fallar a favor del recurso presentado contra la sentencia que anuló su polémico indulto humanitario de diciembre de 2017.
Además de la condena a 25 años de prisión, Fujimori también se deberá a enfrentar a un proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
