MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Israel ha confirmado este jueves la decisión de un tribunal de distrito que eximió al Ejército de pagar daños por la muerte de la activista estadounidense Rachel Corrie, fallecida en marzo de 2003 tras ser arrollada por un buldócer militar israelí cuando participaba en una protesta no violenta contra la demolición de viviendas en la ciudad gazací de Rafá.
Por contra, ha cancelado otro fallo sobre la posible mala praxis durante la autopsia del cuerpo, por lo que se ampliará la investigación abierta sobre este punto, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
La familia criticó en su apelación el argumento de que Rafá fuera en esos momentos una zona militar cerrada, tal y como sostuvo el juez en su fallo, recalcando que el Estado israelí no ha facilitado una copia de la orden que declaró tal punto.
En este sentido, argumentó que el hecho de que el Ejército no tomara medidas administrativas o criminales contra el grupo de activistas del Movimiento de Solidaridad Internacional (MSI) que intentaban bloquear el paso de los buldóceres demuestra que la zona no había sido cerrada.
Asimismo, indicó que la operación de demolición contó con el despliegue de pocas tropas y tenía una duración prevista de cinco horas, lo que probaría que el Ejército no consideró que existiera peligro alguno en el momento del suceso.
Por otra parte, criticó el argumento del juez de que el conductor del buldócer no pudo ver a Corrie, afirmando que esto se trata de una interpretación preconcebida sobre la que no debería basarse un veredicto.
La familia de la activista manifestó además que el Ejército no respetó sus propias normas respecto al uso de buldóceres, indicando que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de enviar supervisores al lugar para evitar que los aparatos causen daño a la población civil, al tiempo que dijo que la decisión de seguir operando a pesar de la presencia de civiles fue irresponsable.
Tras la muerte de Corrie, el entonces primer ministro Ariel Sharon prometió al expresidente estadounidense George W. Bush que las autoridades llevarían a cabo "una investigación creíble, extensa y transparente".
Sin embargo, el entonces secretario de Estado Colin Powell aconsejó en 2004 a la familia de que acudieran a los tribunales debido a que la investigación "no cumplía con los estándares mínimos". En consecuencia, los Corrie presentaron una demanda en 2005 acusando a Israel y al Ministerio de Defensa de la muerte de Rachel.
El juicio civil comenzó ante el tribunal de distrito de Haifa en 2010 y en el mismo comparecieron 23 testigos durante los 16 meses que duró el proceso. La Fundación Rachel Corrie ha denunciado que los testimonios demostraron la existencia de fallos en la cadena de mando respecto a la muerte de civiles, así como la destrucción indiscriminada de propiedades civiles palestinas por parte del Ejército israelí.
Asimismo, ha lamentado que los investigadores no interrogaran a testigos clave, incluidos los encargados de comunicaciones; que no aseguraran el vídeo del suceso, que permaneció en manos de la comandancia durante una semana y del que sólo se enviaron extractos al tribunal; que no ahondaran en las contradicciones en los testimonios; y que se ignorara la existencia de una mentalidad de continuar los trabajos pese a la presencia de activistas.
Sin embargo, el juez Oded Gershon falló en agosto de 2012 contra la familia Corrie sosteniendo que el Ejército no era culpable de la muerte de Rachel y que ella era la única responsable del incidente, en un veredicto ampliamente criticado por las organizaciones internacionales pro Derechos Humanos. Asimismo, aplaudió la investigación llevada a cabo por la Policía Militar.
