Filipinas- Filipinas en estado de alerta roja por posibles ataques de la insurgencia tras el arresto de José María Sison

Los partidos de izquierda temen las medidas del Gobierno contra los revolucioarios y advierten de la posibilidad de una guerra abierta en el país

MANILA, 29 Ago. (EP/AP) -

Filipinas anunció hoy que reforzará sus medidas de seguridad y que el Ejército ha declarado el estado de alerta roja después de que los seguidores del líder rebelde filipino José María Sison, arrestado ayer por la Policía holandesa, declarasen que tienen la intención de intensificar la insurgencia, mientras que los grupos de izquierda filipinos temen las medidas que pueda tomar el Gobierno y una posible guerra abierta.

El líder rebelde filipino José María Sison es sospechoso de ordenar los asesinatos de dos de sus antiguos aliados en su país, según informó la oficina del fiscal en un comunicado, y está incluido en la lista de terroristas de la Unión Europea desde 2002. Sison, fundador del Partido Comunista de Filipinas y de su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo, fue arrestado en la ciudad de Utrecht, donde ha vivido en el exilio desde 1987. Está previsto que se presente ante un tribunal en La Haya el próximo viernes.

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, se felicitó del arresto que calificó de "un paso enorme hacia la paz. Una victoria de la justicia y del imperio de la ley". Pero el Frente Democrático nacional, la organización federativa marxista y otros grupos de izquierda condenaron el arresto y las redadas en las oficinas del revolucionario y denunciaron que los cargos habían sido impulsados por pruebas falsas fabricadas por el Gobierno filipino.

"Esto llevará a una guerra abierta y dejará para lo último las negociaciones de paz", manifestó el secretario general del grupo izquierdista Bayan, Renato Reyes. "El Gobierno está ansioso por llevar una política de guerra abierta. Siempre existe una posibilidad de que puedan aumentar también la represión contra organizaciones legales filipinas", añadió.

Romulo Kintanar fue tiroteado en un restaurante japonés en Filipinas el 23 de enero de 2003, mientras que Arturo Tabara y su yerno Stephen Ong fueron disparados en un aparcamiento cuando salían de su coche el 26 de septiembre de 2004. El Partido Comunista de Filipinas reivindicó los dos asesinatos.

Los rebeldes dijeron que Tabara sacó un arma cuando un grupo intentó "detenerlo" en un aparcamiento por sus supuestas actividades contrarrevolucionarias, incluyendo el asesinato de un anciano líder campesino y el asalto a un banco en el cual cuatro empleados murieron.

"Seguramente se intensificará la lucha de la gente en el campo y en las ciudades", comentó el presidente del Frente Democrático Nacional (NDF), Luis Jalandoni. "Más que inhabilitar la revolución, lo que pasará es que se echará más leña al fuego al movimiento revolucionario", añadió Crispin Beltran perteneciente al partido Anakpawis, también de izquierdas.

ESTADO DE ALERTA

Los militares, por su parte, impusieron el estado de alerta roja en toda la nación y la Policía recibió ordenes de proteger las instalaciones gubernamentales, los comercios y los parques. "No hay realmente ningún indicio de violencia, pero siempre debemos estar preparados", afirmó el jefe militar de personal, el general Hermogenes Esperon.

Las conversaciones intermitentes para intentar terminar con 39 años de insurgencia armada comenzaron en 2004 a pesar de que los rebeldes considerados como la mayor amenaza nacional, han continuado perpetrando ataques, la mayoría contra las fuerzas de seguridad y contra diversas infraestructuras.

El consejero de Seguridad Nacional, Norberto Gonzales, explicó que las familias de Kintanar y Tabara presentaron la denunica contra Sison y que fue el Gobierno el que ayudó a trasladarlo al Gobierno holandés. Por su parte, los fiscales holandeses pidieron más tarde ayuda e hicieron numerosas visitas a Filipinas para interrogar a "muchos posibles testigos", añadió Gonzales.

Fuentes jurídicas precisaron que Sison será juzgado en los Países Bajos y no en Filipinas. "No hay petición de extradición. Son crímenes que se produjeron en los Países Bajos. Ordenar asesinatos es un crimen según la ley holandesa", añadieron las citadas fuentes.

Durante años, Sison ha estado intentando conseguir el estatus de refugiado en los Países Bajos, pero todas sus peticiones de asilo han sido rechazadas. Aun así, la Haya nunca se actuó para extraditarle y el líder rebelde ha dicho que será asesinado si lo mandan de vuelta a Filipinas.