MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado que Francisco Larrañaga, el preso español que fue condenado a muerte en Filipinas y que permanece en prisión desde 1997 sufrió "una grave violación de sus derechos fundamentales y no tuvo un juicio justo", en palabras de la organización Fair Trials Abroad (Juicios Justos en el Extranjero, FTA).
Esta organización, que decidió el año pasado presentar el caso de Larrañaga ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU recibió ayer el comunicado 1421/2005 del organismo, en el que declara que durante el juicio al hispano-filipino se violaron varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Filipinas es signatario.
"Tienen obligación de cumplirlo, pero todo el mundo sabe que la ONU no tiene Ejército ni manera de hacer cumplir las cosas", explicó a Europa Press la portavoz de FTA, Sarah de Mas.
La resolución del Comité tiene fecha del 24 de julio y ya ha sido remitida tanto al Gobierno filipino como a los abogados de Paco. Ahora, Manila tiene un plazo de 90 días para informar al Comité de cómo responderá a su decisión.
El documento de la ONU tiene su origen en un recurso presentado por FTA ante este organismo el 15 de agosto de 2005. Esta organización reclamaba que la única forma de resarcir a Larrañaga es ponerle en libertad, pero el Comité no hace su ya esta exigencia.
El texto del Comité, al que ha tenido acceso Europa Press, señala sólo que el Estado Filipino "tiene la obligación" de dar al afectado un "remedio efectivo, incluyendo la conmutación de su condena a muerte y una pronta consideración de libertad bajo fianza", además de tomar medidas para que una situación tal no se repita en el futuro. No obstante, en el caso de Paco la pena de muerte ya se le ha conmutado.
FTA recordó hoy que "no existe ninguna prueba física que vincule a Paco con los supuestos crímenes", la violación y asesinato de las hermanas Chiong; que "durante su juicio fue privado de los medios jurídicos necesarios para proteger a los inocentes y juzgar a los culpables, que se le prohibió declarar en su propio juicio; y que a pesar de todo esto fue condenado a morir por inyección letal".
Paco Larrañaga se encontraba en el corredor de la muerte desde 2004, pero el pasado abril la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, conmutó la pena capital a todos los condenados y en junio una nueva ley abolió la pena de muerte en el país. Sin embargo, Paco y sus abogados siguen peleando para que se reconozca su inocencia. Según FTA, el Departamento de Justicia de la Republica de Filipinas está considerando su caso para una "clemencia ejecutiva o perdón".
Tras la decisión de la ONU, "ya no puede caber ninguna duda sobre la inocencia de Paco Larrañaga, ni de la terrible injusticia que ha sufrido en estos últimos nueve años, encarcelado y aislado de su familia y comunidad", declaró De Mas.
"Nosotros llevamos más de dos años -desde que conocimos el caso- luchando para demostrar que, sin lugar a dudas, Paco es inocente de todas las acusaciones vertidas contra él. Y ahora esperamos que pronto le dejen en libertad para que pueda empezar a llevar una vida normal".
Según el Comité de Derechos Humanos, el proceso a Paco Larrañaga violó los artículos 6(1), 7 y 14 (1,2,3 [b][c] [d] [e] y 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Artículo 6(1) consagra el derecho a la vida y su protección, el 7 prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 14 se refiere a las garantías procesales: igualdad de todas las personas ante los tribunales, derecho a ser oídos públicamente y con garantías por todo tribunal, presunción de inocencia, derecho a los medios y el tiempo adecuados para defender su inocencia; derechio a un abogado defensor, derecho a no sufrir dilaciones indebidas y derecho a interrogar a los testigos de cargo.