MANILA 26 Mar. (EP/AP) -
La organización internacional de derechos humanos Tribunal Permanente de los Pueblos ha asegurado que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Filipinas como consecuencia de la política contrainsurgente llevada a cabo por el Gobierno filipino, con el apoyo de Estados Unidos, equivalen a "crímenes contra la Humanidad".
Representantes de esta organización no gubernamental, con sede en Italia, se trasladaron la semana pasada a La Haya para analizar las denuncias presentadas por varios grupos izquierdistas y de Derechos Humanos filipinos, que han acusado a las tropas gubernamentales filipinas del secuestro, tortura y asesinato de cientos de activistas de izquierdas.
Según el Tribunal Permanente, el Gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo han cometido violaciones de Derechos Humanos "con el apoyo y el pleno conocimiento del Gobierno de George Walker Bush", presidente de Estados Unidos. Estos actos equivalen "a crímenes contra la Humanidad", añadió.
El Gobierno filipino descalificó hoy a la organización, que calificó de "tribunal internacional de canguros", y reiteró su compromiso de no permitir violaciones de Derechos Humanos. Al respecto, el secretario de Defensa, Hermógenes Ebdane, denunció hoy que los autores del informe sólo han escuchado las acusaciones de los grupos izquierdistas.
Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Gobierno de Filipinas llevó a cabo, con el apoyo y la asistencia militar de Estados Unidos, una campaña de contrainsurgencia denominada 'Operación Bantay Laya' ('Operación Observatorio de la Libertad') contra las guerrilla comunistas y contra los grupos civiles que a juicio de los militares formaban parte del entramado rebelde.
"Las víctimas suelen ser pobres campesinos que luchan por algo más de ayuda, clérigos que han criticado al Gobierno por sus supuestas políticas inhumanas, trabajadores de los Derechos Humanos y otros activistas pacíficos que luchan por mejorar las condiciones", prosiguió la organización, que basa sus informaciones en estadísticas y declaraciones de activistas de izquierda.
El grupo local de derechos humanos Karapatan ha informado de la muerte de más de 800 personas, en su mayoría activistas, y de la desaparición de más de 200 desde que Arroyo tomó el poder en 2001.