Dejó que le pagaran los gastos de un viaje al Oktoberfest para favorecer la comercialización de una película de cine
BERLÍN, 12 Abr. (Reuters/EP) -
Los fiscales han acusado este viernes al expresidente alemán Christian Wulff de aceptar un soborno a cambio de favores políticos, un año después de que una investigación sobre corrupción le obligara a abandonar el puesto.
Wulff fue elegido como jefe de Estado en 2010 a propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, pero tuvo que presentar su dimisión 20 meses después cuando los fiscales le apuntaron como sospechoso de haber obtenido privilegios indebidos, por lo que solicitaron que se le retirara la inmunidad que le confería su cargo de presidente.
Los fiscales de Baja Sajonia sospechan ahora que Wulff hizo 'lobby' a la compañía Siemens para favorecer la comercialización de la película John Rabe, después de que un productor de cine pagara al presidente alemán los gastos de su viaje al festival Oktoberfest de Munich en 2008.
El productor, David Groenwold, afronta los mismos cargos de corrupción y soborno por haber pagado facturas por importe de varios miles de euros de Wulff, según han informado los fiscales del caso en un comunicado.
Los abogados del expresidente alemán han anunciado que publicarán un comunicado en las próximas horas. La reputación de Wulff se desmoronó en su momento cuando, siendo presidente, el diario 'Bild' le acusó de haber mentido al Parlamento sobre un crédito en condiciones muy ventajosas que le concedió un empresario amigo.
Wulff se disculpó posteriormente por haber amenazado al director del rotativo con iniciar una "guerra" si publicaba esa información. Desde entonces, las acusaciones sobre mejoras en las condiciones de vuelos, estancias hoteleras gratuitas y aceptación de regalos han minado su credibilidad.
De hecho, hasta los medios de comunicación han creado un nuevo término, el verbo "Wulff", que significa responder a una pregunta con evasivas pero sin llegar a mentir claramente. En caso de ser condenado, Wulff podría ser sentenciado a una pena de seis meses a cinco años de prisión, aunque lo más probable es que quede en libertad condicional.
El exmandatario ya ha rechazado esta semana una oferta de los fiscales para cerrar con un acuerdo económico el caso porque, según han explicado sus abogados, quiere limpiar su nombre.
