MANILA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia filipina, Agnes Devanadera, reconoció este miércoles que los fiscales gubernamentales en la provincia de Maguindanao, donde el pasado lunes se produjo una matanza de 57 personas por una disputa electoral, tienen miedo de emprender acciones contra los responsables de la misma y sufrir la misma suerte que las víctimas.
"Los fiscales en Maguindanao no pueden actuar porque están aterrorizados. Debido al alto número de muertos, no quieren volver allí", explicó la ministra a la emisora dzBB, precisando que por ello se ha tenido que enviar a fiscales que no son de esta provincia del sur del país.
En este sentido, el viceministro de Justicia, Ricardo Blancaflor, explicó a la cadena GMA News que un equipo especial de fiscales de la ciudad de General Santos y de Cotabato está dirigiendo la investigación de la masacre, y precisó que la investigación preliminar se llevará a cabo en Manila por motivos de seguridad.
Estos fiscales, según Blancaflor, se encuentran en Maguindanao para recabar las declaraciones de testigos sobre esta matanza que ha conmocionado al país. Las víctimas son la mujer de un responsable local, miembro del importante clan familiar de los Mangudadatu, así como varios familiares de este, abogados y una veintena de periodistas y empleados de medios.
El convoy en el que viajaba Genalyn Mangudadatu, esposa del teniente de alcalde de Buluan Ismael "Toto" Mangudadatu, para presentar la candidatura de éste a gobernador de la provincia el próximo año fue atacado presuntamente por hombres armados que querían evitar que esto ocurriera y que contarían con el respaldo de otro importante clan local, los Ampatuan.
El gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, no puede presentarse a su reelección pero quiere que su hijo, el alcalde de Datu Unsay Andal Ampatuan Jr., le suceda en el cargo, lo que presuntamente habría provocado la masacre. El propio Ismael Mangudadatu había indicado ayer que los cuatro supervivientes de la matanza han asegurado que el hijo del gobernador estuvo en el lugar de los hechos.
Pese a que todo apunta a Andal Ampatuan Jr. como el principal sospechoso, desde Malacañang (el Palacio presidencial) se dejó claro que no se le destituirá de su cargo de alcalde ni se ordenará su arresto hasta que no se presenten cargos contra él. "Tenemos que observar el proceso debido, así que permitamos que los investigadores sobre el terreno" sigan su trabajo y presenten pruebas contra él, indicó el portavoz del Gobierno, Cerge Remonde.
Según el portavoz, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, ha garantizado a la familia Mangudadatu la imparcialidad de la investigación y ha estado en constante contacto con ellos. "Es una gran vergüenza no sólo para el Gobierno, sino para todo el país", reconoció Remonde a la cadena ABS-CNB, asegurando que el Ejecutivo no descansará hasta que los resposables sean acusados y detenidos.
Según el último balance oficial, las víctimas son ya 57, 33 hombres y 24 mujeres, y entre ellas habría una veintena de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que acompañaban al convoy para cubrir la información de la candidatura de Mangudadatu.
Además, según informa la cadena GMA News, entre las víctimas también figuran cinco civiles que circulaban en un vehículo que iba justo detrás del convoy de los Mangudadatu y que iban al hospital de Cotabato después de que uno de ellos hubiera sufrido un infarto leve.
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