Francia.- El Alto Consejo para la Integración francés pide a Villepin medidas para garantizar la laicidad en hospitales

PARIS 29 Ene. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Aída Palau) -

El Alto Consejo para la Integración francés (HCI) advierte del peligro que corre la laicidad en los servicios públicos como los hospitales y las prisiones en una carta que será entregada hoy al primer ministro, Dominique de Villepin, a quien emplazan a adoptar medidas para salvaguardar la laicidad respetando las creencias tanto de los profesionales como de los usuarios.

La aplicación de la laicidad en los hospitales franceses se ha convertido en un dolor de cabeza para los trabajadores y los responsables de los centros. Algunas recién licenciadas en medicina o enfermeras de religión musulmana acuden al trabajo con velo. Este conflicto se está solucionando, de momento, de forma amistosa ya que acceden a trabajar sólo con un pañuelo al estilo africano, según indican los responsables de los centros hospitalarios.

"El hecho de que un agente público manifieste sus convicciones religiosas en el ejercicio de sus funciones constituye una falta a sus obligaciones", reza el texto del HCI, publicado en parte por el diario vespertino 'Le Monde'.

Hasta ahora no existe una reglamentación por lo que los profesionales, consideran necesaria una carta para que no haya equívocos y para evitar situaciones tensas. El pasado miércoles, un hombre de religión musulmana fue condenado a seis meses de prisión de obligado cumplimiento por haber agredido a un ginecólogo que había atendido a su mujer.

El HCI considera que todos los usuarios deben tener acceso al servicio público y "tienen el derecho de expresar su religión públicamente siempre y cuando se respete la neutralidad del servicio público y el buen funcionamiento del mismo", se puede leer en el texto.

La carta también indica que "el principio de la laicidad no se limita a las escuelas", refiriéndose a la ley que prohíbe el velo en los colegios públicos franceses adoptada en 2004 y que levantó una gran polémica tanto entre las asociaciones de Derechos Humanos como en los partidos políticos, ya que algunos consideraron que la ley era racista.