MADRID, 7 DE ABRIL (EDIZIONES)
La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para luchar contra la prostitución por el que se penaliza a los clientes que “soliciten, acepten o tengan relaciones sexuales a cambio de una remuneración” con una multa de 1.500 euros. En caso de reincidencia, el cliente será multado con 3.750 euros.
En caso de que esta situación se produzca con una menor de edad o con una persona vulnerable por estar embarazada o enferma, la multa asciende a 45.000 euros y ser penado con tres años de cárcel. La normativa también prevé un fondo social de 4,8 millones de euros anuales para facilitar a las prostitutas su reinserción social, con posibilidades de albergue y subsidios de 400 euros al mes.
Debido a la gran cantidad de meretrices extranjeras, la nueva ley ofrece permisos de residencia de seis meses renovables para aquellas prostitutas extranjeras que se acojan a un plan de salida de la prostitución. Otro aspecto de esta norma es que las prostitutas no serán perseguidas por ofrecer sus servicios, derogando así la 'Ley Sarkozy' en vigor dese el año 2013.
Según Maud Olivier, diputada socialista y principal impulsora de este texto, la penalización de los clientes debe ayudar a disuadir la demanda y considerar a las prostitutas como “víctimas y ya no como delincuentes”. Olivier se mostró convencida de que esta ley “es indispensable para que no se pueda considerar más como normal la compra del cuerpo de una persona” y de que “este tipo de medidas son las que ayudan a acabar con la prostitución, como muestra la experiencia sueca”.
Sin embargo, no todos están de acuerdo. Varias asociaciones de prostitutas afirman que la multa es irrisoria y que la práctica de su profesión se hará más difícil y clandestina, aumentando la desprotección de las mujeres y la dificultad para recibir servicios sanitarios. Así lo cree Médicos del Mundo, que considera que la prostitución se practicará en peores condiciones, exponiéndose aún más al riesgo de infecciones sanitarias y al sida. También algunas asociaciones de policía se han mostrado escépticas al aseverar que no podrán hacer cumplir esta normativa con eficacia por las actuales condiciones de estado de emergencia debido a los atentados terroristas.
LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA
La prostitución en España no está definida como legal o ilegal. Está en una situación de 'alegalidad'. El ejercicio libre no está penado en todo el territorio español. Se sanciona si se disfruta o solicita en zonas de tránsito público, zonas que puedan ser un peligro para la seguridad vial o cerca de lugares destinados a su uso por menores. Los municipios tienen la capacidad de regularla en sus calles.
El código penal no recoge la prostitución como delito, pero si reconoce los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el proxenetismo.
