PARÍS, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los llamados regímenes especiales de jubilación que el Gobierno francés pretende reformar y que han provocado las movilizaciones sindicales en el sector del transporte público, el de la energía y el eléctrico, afectan en Francia a 1,6 millones de personas, de las cuales medio millón están en activo y el resto ya jubiladas.
Aunque se trata en su mayoría de los trabajadores de cuatro grandes empresas públicas --la Sociedad Nacional de Ferrocarril (SNCF),la Red de Transportes de París (RATP), Gas de Francia (GDF) y Electricidad de Francia (EDF)--, hay un sinfín de regímenes especiales contemplados en el articulado del código de la Seguridad Social.
Creados antes de la Segunda Guerra Mundial e integrados luego en el sistema de Seguridad Social en 1945, estos regímenes pretendían compensar las condiciones especialmente duras y la peligrosidad asociada a determinados puestos de trabajo.
Las ventajas de estos sistemas se refieren básicamente a tres aspectos. En primer lugar, la edad de cese de la actividad laboral es normalmente antes de los 60 años. En segundo lugar, el tiempo de cotización es también menor al del resto de los trabajadores: 37,5 años frente a 40. Éste es precisamente el punto de mayor fricción entre Gobierno y sindicatos.
En tercer lugar, los regímenes especiales estipulan que el salario de referencia para determinar la pensión sea el de los seis últimos meses, frente a los 25 últimos años del resto de los pensionistas. El Estado, que desembolsa anualmente 5.000 millones de euros para equilibrar el déficit de este tipo de regímenes ha dejado clara su determinación para llevar adelante la reforma.
