Gibraltar.- Londres y Gibraltar rechazan un informe jurídico que subraya el carácter "colonial" de la nueva Constitución

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos de Londres y de Gibraltar rechazaron ayer un informe jurídico británico que subraya el carácter "colonial" del nuevo proyecto de Constitución local para el Peñón, que será sometido a referéndum de la población gibraltareña el próximo 30 de noviembre.

Un equipo de expertos jurídicos formado por Sydney Kentridge, Keir Starmer y Richard Tur ha elaborado un informe "independiente" a petición del Ejecutivo de Caruana en el que se hace hincapié en que este proyecto constitucional "prejuzga potencialmente la independencia" de la propuesta Comisión de Servicios Judiciales que se creará para el nombramiento de jueces en la Roca.

Este equipo de expertos jurídicos expresa sus "muy serias reservas" y "preocupaciones" con varios artículos de la Carta local que consensuaron Londres y Gibraltar este año. Uno de los problemas expuestos es que entre el ministro principal y el gobernador británico eligen cuatro de los siete miembros de esta Comisión de Asuntos Judiciales.

"No vemos razón para preguntarnos por qué el gobernador y el ministro principal no pueden limitar los nombramientos a uno cada uno", explicaron. Además, dicen no compartir que los poderes del gobernador puedan mostrar "total indiferencia" a las recomendaciones de la Comisión. En cualquier caso, los expertos británicos reconocen que la propuesta de nueva Constitución supone "sin ninguna duda un avance con respecto a la existente y, en general, a las constitucionales coloniales" de otros territorios británicos de ultramar, por lo que opinan que el texto supone una "Constitución colonial moderna y avanzada".

El Gobierno de Caruana salió al paso del contenido de este informe afirmando que no comparte los puntos de vista de estos juristas ya que la mayoría de ellos son "opiniones políticas que no caen dentro de la categoría de jurídicas".

Mientras, el Foreing Office indicó al 'Gibraltar Chronicle' en un comunicado que el Gobierno británico no tiene ninguna intención de cambiar el articulado de la nueva Constitución. "Las previsiones judiciales de la nueva Constitución marcan un significativo avance con respecto a los compromisos constitucionales actuales e introduce principios internacionales en este área", apuntó Londres.