MADRID/LONDRES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El director general de Política Exterior para Europa y América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Pons, se reunió ayer en Madrid con su nuevo homólogo británico, Anthony Smith, para tratar el "complejo" problema de la reclamación de los ex pensionistas españoles que trabajaron en Gibraltar hasta 1969, según informaron fuentes diplomáticas españolas y británicas a Europa Press.
En paralelo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, fue uno de los 16 invitados que cenaron la pasada noche con el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, en un restaurante de Madrid. Al término de la cena, ambos mantuvieron un breve encuentro.
Tanto Pons como Smith constataron que "no hay desacuerdos sobre el fondo", aunque el asunto es "complejo" por la necesidad de comprobar, uno por uno, el número total de ex pensionistas afectados así como la cantidad que se le adeuda tras muchos años de impagos.
Caruana sugirió esta mañana que este asunto, que es debatido desde febrero de 2005 en el seno del Foro tripartito de Diálogo, podría quedarse al margen del acuerdo global debido a problemas técnicos.
"Es verdad que han habido temas más técnicos que políticos que han demorado una de las partes del paquete y como se está negociando un paquete, pues no hay acuerdo en ninguno de ellos hasta que estén todos los acuerdos limados", puntualizó.
Si bien el dinero que se debe a los ex pensionistas españoles es "más un problema bilateral (entre España y Reino Unido) que trilateral", Caruana instó a que se resuelva en los próximos meses o "se separe del paquete si así lo pactan las partes y puedan salir los acuerdos que están más avanzados" como el uso conjunto del aeropuerto o la mejora de las telecomunicaciones del Peñón.
Además, explicó que en este tema "se han salvado todas las dimensiones políticas", pero que han surgido "problemas técnicos, de administración de sistemas de seguridad social de tres sitios --Madrid, Londres y Gibraltar-- que se tienen que acomodar dentro de la solución". Por ello, advirtió de que es un problema con una "profunda dimensión técnica" que requiere el visto bueno de los técnicos antes que de los políticos.
REUNIÓN EN MAYO
El propio Pons tiene previsto reunirse en mayo con los pensionistas españoles dependientes de Gibraltar para trasladarles los resultados de la reunión técnica de ayer y cuyo escollo principal es cuantificar el montante de la revalorización de las pensiones solicitada por la Asociación Linense de Pensionistas Españoles de Gibraltar (Alpeg), que reúne a este colectivo afectado.
Alpeg cifraba a finales de 2004 en 36 millones de euros el montante que deben las autoridades británicas y gibraltareñas al colectivo español, por lo que en la actualidad la cifra podría sumar más de 40 millones de euros.
De esta forma se subsanaría el perjuicio que han sufrido este grupo de ex trabajadores españoles en sus pensiones no contributivas. En principio, recibirían un pago único a modo de compensación incluyendo, en aquellos casos, a los herederos de los pensionistas que ya han fallecido.
Asimismo, el Gobierno español podría adelantar una serie de pagos asumiendo un porcentaje pequeño de los mismos. El Peñón ofrece a sus ex trabajadores una ayuda adicional a la jubilación para las mujeres de más de 60 años y los hombres de más de 65 a través de una organización caritativa privada que recibe fondos de las autoridades locales.
Ello motivo que la Comisión Europea abriese en mayo de 2004 un expediente a Reino Unido al constatar que la denominada Household Cost Allowance (HCA) para este tipo de casos, únicamente se concede a los ex trabajadores que disponen de la residencia permanente en Gibraltar y de una jubilación ya garantizada.
La Alpeg representa a este colectivo que reclama indemnizaciones desde 1990 para cerca de 9.100 pensionistas afectados, que deberían tener acceso a este tipo de ayudas por su trabajo durante años en la colonia británica.
Esta vieja reivindicación se debe a causa del impago de los atrasos que el Reino Unido les adeuda desde hace quince años debido a que no ha actualizado sus retribuciones. Los afectados cuentan en la actualidad con entre 70 y 80 años de edad y más de 1.500 de ellos ya han fallecido sin ver una subida de su prestación.