WASHINGTON, 29 Oct. (Reuters/EP) -
El gobernador del estado norteamericano de Maine, Paul LePage, ha afirmado que su Administración solicitará una autorización judicial para obligar a guardar cuarentena a la enfermera Kaci Hickox, aislada desde que regresó al país tras atender a enfermos de ébola en Sierra Leona.
Las autoridades de Maine, donde reside, le obligan a seguir en cuarentena en su vivienda hasta el 10 de noviembre, cuando se cumplen los 21 días desde su vuelta de África Occidental, donde colaboró con Médicos Sin Fronteras (MSF).
"Si las restricciones impuestas no son levantadas este jueves por la mañana, iré a un tribunal a luchar por mi libertad", ha dicho Hickox. La enfermera ha advertido, en una entrevista con la NBC, que no cumplirá las "directrices" marcadas porque se trata de medidas inconstitucionales que no están basadas en la ciencia, toda vez que ya dio negativo en las pruebas de Nueva Jersey y no muestra síntomas.
Ante la controversia levantada, LePage ha hecho público un comunicado en el que ha dicho confiar en que Hickox --a la que no nombra en ningún momento--, "cumplirá voluntariamente" la orden de aislamiento. De lo contrario, en aras de "la seguridad y la salud" de la población, el estado buscará "autoridad legal" en los tribunales.
"Aunque por supuesto que respetamos los derechos de una persona, debemos estar vigilantes para proteger a 1,3 millones de habitantes de Maine, así como a cualquiera que visite nuestro gran estado", ha explicado LePage.
Los abogados de Hickox ya habían confirmado a las cadenas ABC y NBC que si el estado de Maine solicita judicialmente una cuarentena forzosa, su cliente presentará un recurso.
MAYOR VIGILANCIA
La polémica en torno a Hickox coincide con la decisión del Departamento de Defensa norteamericano de poner bajo vigilancia a todos los militares que lleguen desde África Occidental, donde Estados Unidos mantiene una misión de ayuda contra el ébola.
El Pentágono ha informado en un comunicado de que el secretario Chuck Hagel ha secundado la "recomendación" del Estado Mayor Conjunto, que había abogado por dejar a "todos los miembros del Ejército de Estados Unidos" bajo un "régimen de vigilancia controlada" durante un periodo de 21 días, el tiempo máximo que tardan en desarrollarse los síntomas del ébola.
