QUITO, 12 Feb. (Reuters/EP) -
El Fondo Monetario Internacional ha asegurado este martes que ha acordado con las autoridades de Ecuador profundizar el diálogo que mantienen desde el año pasado para un posible acuerdo financiero, en un momento en el que el país sudamericano busca equilibrar sus finanzas públicas.
Ecuador tiene necesidades de financiación por unos 8.000 millones de dólares (cerca de 7.062 millones de euros) durante este año, debido a un abultado déficit fiscal que arrastra desde 2017, por lo que necesita recursos frescos y en condiciones más accesibles.
"Este posible acuerdo buscará proteger a los pobres y más vulnerables, impulsar la competitividad y la creación de empleo, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como fortalecer las bases institucionales de la dolarización", ha dicho el portavoz del FMI, Gerry Rice, en un comunicado.
Ecuador colocó el mes pasado unos 1.000 millones de dólares en bonos en el mercado internacional a una tasa de interés de 10,75 por ciento, la más alta desde que regresó a los mercados internacionales en el 2014 tras declarar una moratoria en parte de su deuda.
Un equipo del FMI se encuentra en la capital del país, Quito, para continuar con el diálogo e "identificar cómo puede apoyar de la mejor manera el plan de política del gobierno", ha agregado Rice.
Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido que el apoyo financiero de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) permite "que el país ahorre recursos por el pago de los altos intereses que ha debido asumir en los últimos años".
El presidente, Lenín Moreno, busca aplicar el llamado plan de prosperidad durante su gestión hasta 2021, que incluye estabilidad monetaria y fiscal, alza del empleo y reactivación productiva, manejo eficiente de recursos y protección social.
Moreno, quien ha culpado de la difícil situación económica a su predecesor y antiguo aliado político, Rafael Correa, impulsa un plan de austeridad que incluye la revisión de los subsidios a los combustibles y la reducción del sector público.
