El Gobierno húngaro suavizará las últimas reformas constitucionales

BUDAPEST, 16 Abr. (Reuters/EP) -

El Gobierno húngaro ha asegurado que planea suavizar la prohibición de que los partidos políticos publiquen anuncios en medios de comunicación privados y la modificación que reduce las competencias del poder judicial, dos reformas constitucionales aprobadas en marzo por el Ejecutivo y que han provocado duras críticas de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha amenazado con adoptar acciones legales para que Hungría dé marcha atrás en esos cambios constitucionales por estimar que pueden ser incompatibles con la legislación comunitaria y el principio de Estado de Derecho.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, que ya se ha enfrentado con Bruselas por su legislación sobre medios de comunicación, tribunales y el Banco Central húngaro, trasladó el viernes al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, que su país está comprometido con la legislación y los valores de la UE.

De acuerdo con la ley publicada por el Parlamento húngaro a última hora del lunes, el Gobierno se propone cambiar dos partes de las reformas constitucionales criticadas por el bloque comunitario.

Según esta nueva reforma, el presidente del Consejo del Poder Judicial ya no tendrá competencias para asignar casos sometidos a la legislación comunitaria a tribunales húngaros.

El proyecto de ley que está ahora en el Parlamento permitirá la publicación de anuncios políticos en los medios de comunicación privados con motivo de las próximas elecciones al Parlamento comunitario, aunque serán publicados sin coste alguno. Sin embargo, el proyecto normativo no mentiona si los medios podrán publicar anuncios en la campaña de las elecciones parlamentarias húngaras de 2014.

El pasado mes de marzo, Orban rechazó las críticas de la Unión Europea a los últimos cambios constitucionales y reclamó a los expertos legales comunitarios que presentaran pruebas que sustentaran sus acusaciones.

En una carta enviada la semana pasada, Barroso aseguró que la Comisión Europea estaba particularmente preocupada por la legalidad de los últimos cambios constitucionales en lo que afectan a las competencias del Tribunal Europeo de Justicia.