MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El proceso por la presuntas amenazas vertidas el pasado mes de abril contra el exiliado ecuatoguineano y dirigente de la Fuerza Democrata Republicana (FDR) Germán Pedro Tomo Mayo, de las que está acusado un ciudadano español, comenzó hoy en el juzgado número cinco de Alcorcón. La acusación considera que estas amenazas deben considerarse "cooperación necesaria" en un delito de terrorismo, ya que asegura que están relacionadas con el intento de asesinato de Tomo Mayo, Manuel Moto Tomo, el pasado mes de junio en esta localidad madrileña.
Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), los hechos que se juzgan son las amenazas recibidas por Tomo Mayo entre las 15 horas del día 20 de abril de 2005 y la 1:15 minutos del día siguiente, a través de su teléfono móvil. Hasta la fecha, el único acusado es Francisco Rosales Santos, natural de Badajoz y actualmente encarcelado en la prisión de esta ciudad extremeña.
En estas llamadas una voz de hombre, en castellano y sin un acento especial, le dijo, según la denuncia: "Nos han pagado para que vayamos a por ti" (...) "ya hemos cobrado el dinero; ten cuidado con nosotros porque somos profesionales; haz correr la voz de que te hemos dado una paliza y no contestes al teléfono; haz lo que te decimos, sabemos que tienes dos hijos que van al colegio...", y le daba las edades y el nombre del colegio.
Germán Pedro Tomo Mayo presentó la denuncia ante la policía y aportó los números de teléfono desde los que se le hacían las llamadas que aparecían en su móvil. Según la acusación particular, las amenazas finalmente se cometieron, en concreto con el atentado de que fue objeto el 20 de junio en Alcorcón el hermano de Germán Pedro Tomo, Manuel Moto Tomo.
Por ello, a juicio de los representantes legales de Tomo Mayo, estos hechos deberían considerarse como "cooperación necesaria" en un delito de terrorismo y deberían integrarse en la causa abierta en el juzgado número cuatro de Alcorcón contra, entre otros, cuatro empresarios españoles, "relacionados con la familia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema y creadores de una red destinada a atentar contra exilados ecuatoguineanos" en España, indicó ASODEGUE.
La acusación privada mantiene la tesis de que Francisco Rosales Santos está relacionado con el colombiano Juan Manuel Sánchez Jaramillo, uno de los detenidos en esa causa y, a través suyo, con su compatriota Germán Velazquez y el resto de los autores directos del atentado contra Tomo Mayo.
El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz devolvió a los Juzgados de Instrucción de Alcorcón el caso por el intento de asesinato de Germán Pedro Tomo Mayo. El juez tuvo en cuenta la opinión del fiscal Jesús Alonso, quien consideraba que no existían indicios para investigar en el Juzgado Central de Instrucción número 1 la querella presentada un mes antes por la familia de la víctima, a través del abogado ecuatoguineano José Pablo Owono, por los delitos de terrorismo y genocidio.
La querella denunciaba que la agresión de Moto iba dirigida en realidad contra su hermano, el también querellante Germán Pedro Tomo Mayo. Según la querella, el apuñalamiento de Moto pretendía "la eliminación física de miembros de la oposición guineana en España", por lo que consideraba los hechos constitutivos de delitos de terrorismo y genocidio.
