MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -
La principal formación opositora legal de Guinea Ecuatorial, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), ha denunciado que cinco ciudadanos ecuatoguineanos entregados hace dos años por Gabón a la Policía guineana por su supuesta participación en un intento de invasión de la isla de Corisco (sur), han sido "salvajemente torturados" en el penal de Black Beach, en Malabo.
"Desde el día de ayer día 12 hasta este medio día del 13 de mayo, están siendo salvajemente torturados y sometidos a interrogatorio, las cinco personas secuestradas en Libreville acusadas de haber participado en los incidentes de Corisco", señala el comunicado.
Juan Bestue Santander, Salvador Ndong Nguema, Carmelo Ncogo Mitogo, Juan María Itutu y José Antonio Esono Micha son ciudadanos ecuatoguineanos que en 2004 vivían en Gabón. En julio de 2004, pese a no existir convenio de extradición entre los dos países, fueron entregados por Gabón a la Policía ecuatoguineana, que les acusaba de haber participado en el intento de invasión de la isla de Corisco de mayo de aquel mismo año.
Los cinco guineanos comparecieron por primera vez ante el juez de Instrucción de Malabo en diciembre de 2005, y todos declararon no tener relación alguna con aquellos incidentes. "El Estado de la República de Guinea Ecuatorial, en lugar de impulsar o animar el proceso judicial abierto, mediante la querella interpuesta por el Fiscal fechada el 14 de julio del año 2005, ha congelado las actuaciones judiciales ante la falta de pruebas para sostener la acusación y justificar su actuación", afirmó CPDS.
Desde el mes de diciembre que fueron llevados ante el Juzgado de Malabo, que actuaba cumpliendo un exhorto del Juzgado de Bata, las autoridades judiciales no han dictado ninguna sola resolución sobre el caso, prosiguió la formación opositora.
"Precisamente, los abogados que llevan el caso, presentaron el pasado día 5 de mayo, ante el Juzgado de Instrucción de Bata, un escrito pidiendo la libertad de sus defendidos y la declaración de nulidad de todo lo actuado por no ajustado a derecho", añadió.
Por ello, según CPDS, "el Estado, ante la embarazosa situación en que se encuentra por el referido caso, ha preferido quebrantar una vez más la legalidad vigente en el país y buscar pruebas incriminatorias arrancado declaraciones o confesiones bajo tortura, a los secuestrados; que es lo que está ocurriendo en estos mismos momentos".