Moratinos responde que la repatriación del opositor es "impensable" hoy por hoy
MALABO, 23 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ángel Expósito) -
El Gobierno de Guinea Ecuatorial insistió hoy a España en su petición de extraditar al opositor y presidente del auto constituido Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, Severo Moto, a quien el Ejecutivo español retiró la condición de refugiado político en el pasado año 2005, según declaro en rueda de prensa conjunta el ministro de Asuntos Exteriores guineano, Pastor Michá.
El titular ecuatoguineano de Exteriores expresó su colega español, Miguel Ángel Moratinos, el interés de que Moto sea juzgado en Guinea Ecuatorial "por los delitos que ha cometido contra su país y es aquí donde debe ser puesto a disposición de la Justicia".
Por su parte, Moratinos afirmó que en la actualidad no existe un acuerdo de extradición bilateral entre España y su antigua colonia africana, por lo que en estos momentos resultaría "impensable" satisfacer esa petición del Gobierno de Malabo.
Advirtió, no obstante, en que la relación entre Madrid y Malabo ha de pasar "más allá" del asunto de Severo Moto. Mientras, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, indicó que este opositor ecuatoguineano se encuentra en España con un estatus que no es el de refugiado político sino que está a la espera de la decisión final del Tribunal Supremo, no sobre el fondo del caso sino sobre la forma.
Por último, a preguntas de Europa Press, el ministro Pastor Michá dijo que Guinea Ecuatorial se compromete con sus ciudadanos en el respeto de los Derechos Humanos y en la seguridad de los ecuatoguineanos, por lo que el principal compromiso del Gobierno de Obiang no ha de ser con España en lo que se refiere a los Derechos Humanos, sino con sus propios ciudadanos.
AUTO DE LA SALA DEL SUPREMO
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó el pasado 1 de agosto mantener la suspensión cautelar de la retirada del estatus de asilo político del dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto, decretada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de enero, al no encontrar "motivaciones de fondo que cuenten con intensidad y consistencia suficiente para hacer variar el criterio adoptado" el pasado 12 de julio.
En un auto notificado a las partes, el Supremo explicó que debe mantenerse la medida cautelar para evitar que el recurso presentado contra la decisión del Consejo de Ministros de retirar la condición de asilado quede sin sentido. Además, subrayó que la revocación del estatuto personal de refugiado político llevaría a Moto "a una situación de inseguridad jurídica de configuración muy diferente a la que se desprende del conjunto de las garantías" establecidas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951.
En cualquier caso, el Supremo indicó que "la pérdida de la condición de refugiado no implica -implícita y automáticamente- la entrega del refugiado a su país de origen", aunque, como en el caso de Moto, haya solicitado su extradición.
En este sentido, señaló que las normas correspondientes "contienen una serie de garantías intermedias que proyectan el estatuto personal del refugiado más allá del momento de su extinción o revocación; mas, no obstante ello, el principio de seguridad jurídica nos obliga a mantener de forma cautelar el estatuto del que el recurrente ha venido disfrutando en nuestro país, situación de la que es reflejo expresivo el ser portavoz de DNI español", se dijo en el auto.
El letrado de Moto, Francisco Fernández Goberna, que se mostró muy satisfecho con la decisión del alto tribunal, se preguntó qué riesgo para España supone Severo Moto después de que se haya decidido mantener la suspensión de la retirada de su condición de asilado político.
El 19 de julio se celebró una vista en el Supremo en la que el abogado del Estado, en nombre del Gobierno, y la representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron en pedir al tribunal que levantara la suspensión cautelar, mientras que la representación de Moto pidió que se mantuviera para evitar su expulsión a Guinea, lo que, en su opinión, suponía "su pena de muerte".
El Consejo de Ministros decidió el pasado 10 de enero revocar la concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de 1986, al entender que había incumplido las obligaciones que dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto "en grave peligro los intereses generales de España", según informes de la Comisaría General de Información y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Gobierno español no ha logrado por el momento que algún país extranjero acoja a Moto si finalmente es efectiva la retirada de su asilo político. En los últimos meses, España ha recibido la negativa de Noruega, Irlanda, Canadá, Malta y Chipre, según informaron fuentes oficiales españolas a Europa Press. Desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores siempre se ha intentado que un país, a ser posible, "europeo y seguro" fuese el que acogiese a Moto tras su salida de España.
La opción en la que puso más empeño el Ejecutivo socialista fue Chipre debido a su insularidad y al control de movimientos que podría hacer la Policía chipriota, aunque también se vio con recelo la proximidad de la mafia libanesa en la que el opositor ecuatoguineano se ha apoyado en el pasado para contratar mercenarios y traficar con armas.
