ANKARA, 4 Mar. (Reuters/EP) -
El presidente de Turquía, Abdulá Gul, ha ordenado este martes que se inicie una auditoría estatal con el objetivo de analizar la capacidad del Gobierno turco de luchar contra la corrupción, en medio de una investigación en la que se han visto involucrados varios ministros.
El jefe del Estado turco también ha ordenado al Consejo de Supervisión Estatal que examine las leyes relacionadas con la intervención de las comunicaciones. "El presidente ha dado instrucciones (...) para evaluar la capacidad regulatoria e institucional de nuestro país en relación a las escuchas telefónicas y para determinar qué medidas hay que tomar para cumplir con la ley (así como) investigar la capacidad (del Gobierno) de luchar contra la corrupción", según reza el comunicado publicado en la página web de la Presidencia turca.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido acusado junto a miembros de su familia y otros altos cargos del Gobierno de aceptar sobornos y otras actividades irregulares.
Erdogan ha acusado al importante clérigo islámista Fetulá Gulen, exiliado por decisión propia en Estados Unidos, y a sus seguidores de inventarse estas acusaciones con el objetivo de influir en los votantes de cara a las próximas elecciones, previstas para el mes de marzo.
El primer ministro había criticado a Gulen recientemente por intentar influir en la Policía y el poder judicial en el marco de la operación contra la corrupción abierta en diciembre que el primer ministro ha descrito como un intento de golpe de Estado.
Gul, cofundador del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) que lidera Erdogan, exprimer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores, ha estado sometido a presión para que hablara acerca del escándalo de corrupción que azota Turquía.
Como jefe de Estado, tiene que trazar una delicada línea entre mantenerse políticamente neutro mientras muestra su apoyo al Estado de Derecho y a la estabilidad institucional del país. Gul también ha solicitado a los auditores que supervisen el proceso por el que son designados los jueces y fiscales y que examine las leyes sobre los secretos estatales.
El pasado mes, el Parlamento turco aprobó una nueva regulación por la que se endurecía el control sobre el poder judicial, un movimiento que los críticos de Erdogan han definido como un intento de sofocar las acusaciones de corrupción después de que el Gobierno destituyera o trasladara a miles de agentes de la Policía y cientos de jueces y fiscales.
