Publicado 21/12/2021 08:08CET

HRW advierte de que no hay garantías para permitir el cierre de campamentos de desplazados en Nigeria

Archivo - Desplazados en Nigeria
Archivo - Desplazados en Nigeria - NICOLAS RAMANALE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTAC

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha advertido este lunes de que no hay garantías suficientes para permitir el cierre de campamentos de desplazados e el noreste de Nigeria, en el estado de Borno, que está previsto para finales de mes,

A pocos días de que termine el mes, fecha en la que el estado de Borno se ha comprometido a cerrar el campamento de desplazados en Maiduguri, la capital y la ciudad más grande del territorio --ubicada en el noreste del país--, todavía sigue habiendo "riesgos y dificultades" para garantizar los derechos de las personas que residen en estos campamentos en caso de un posible cierre.

"Es inconcebible desarraigar a las personas que ya lo han perdido todo en el conflicto sin alternativas dignas y sostenibles", ha dicho una investigadora especializada en Nigeria de HRW, que ha resaltado que "los derechos y el bienestar de las personas desplazadas y refugiados deben ser la consideración primordial".

El Gobierno del estado de Borno anunció el reasentamiento de más de 1,8 millones de personas en 2020, pero el conflicto con Boko Haram ha hecho estallar la situación y ahora hay cerca de 2,9 millones de personas en el noreste de Nigeria que viven en tiendas de campaña improvisadas.

En este sentido, HRW ha entrevistado en 2021 a once desplazados --además de cinco trabajadores humanitarios-- que aseguran que quieren volver a sus vidas normales en sus comunidades de origen debido a las malas condiciones en los campos de desplazados, pero que las autoridades nigerianas no les han podido brindar ninguna información ni alternativa para este posible desplazamiento.

Del mismo modo, cuando las autoridades tomaron medidas para cerrar el campo de Bakassi en noviembre de 2021 no consultaron con las personas desplazadas. De hecho, según HRW tres personas aseguraron que varios funcionarios del Gobierno se personaron en el lugar para anunciar el cierre a finales de noviembre y que les dieron solo once días para marcharse.

Además de todo esto, el Gobierno de Borno habría avisado a trabajadores humanitarios de la prohibición de distribuir alimentos y artículos no alimentarios a las personas reubicadas en pequeñas comunidades en las que el Gobierno ha construido casas.

Un trabajador humanitario que presenció las condiciones de vida en Banki, una de esas comunidades, dijo que estas comunicaciones estaban planteando grandes preocupaciones para la asistencia humanitaria de estos lugares.

Pese a que el Gobierno está proporcionando ayudas económicas a los desplazados --en el caso de los campamento de Bakassi y Farm Center unas 100.000 nairas (cerca de 216 euros) para las familias, HRW insiste en que "el proceso actual de reubicación y cierre de campamentos dista mucho de lo legal y moral".

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