MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha criticado la represión y las condenas impuestas por las autoridades chinas contra activistas y disidentes tibetanos y el secretismo que rodea estos procesos judiciales tras realizar un estudio de los pocos datos que trascienden sobre el tema.
"Es difícil valorar cuántos tibetanos han sido arrestados en los últimos años por mantener opiniones discrepantes o descubrir los detalles de sus procesos judiciales", ha explicado HRW en un comunicado. "La información sobre las sentencias emitidas en el área del Tíbet está bastante restringida y aquellos que informan sobre detenciones y juicios desde el exterior se arriesgan a ser arrestados", ha añadido la ONG.
Como ejemplo de esto último, HRW ha señalado los casos de Jamyang Kunkhyen y Atruk Lopo, familiares del disidente Ronggye Adrak, que criticó a las autoridades de Pekín en un evento público en 2007. Kunkhyen y Lopo han sido condenados a diez años en prisión por difundir información sobre el caso.
HRW ha investigado desde 2016 los casos que trascienden a los medios de comunicación cuando los detenidos son liberados. La organización ha reconocido que estos testimonios aparecen en los medios tibetanos en el exilio años después de que se hayan producido los arrestos, pero ha destacado que, al menos, proporcionan los suficientes datos como para establecer algunos patrones generales.
Algunos de los 30 casos investigados están relacionados con una ola de protestas de inmolación que tuvo lugar entre 2011 y 2012, en la que algunos manifestantes tibetanos trataron de suicidarse en público para denunciar la falta de libertades en el Tíbet.
En diez casos, los tribunales emitieron condenas de tres a siete años de prisión por haber participado en dichas protestas, según la ONG. Los cargos de estos condenados incluyeron "intentar evitar que las fuerzas de seguridad arrestaran al resto de manifestantes" y "tratar de consolar a los familiares en duelo", según HRW.
La organización ha manifestado que, presuntamente, tres de esos diez condenados salieron de la cárcel con un estado de salud deteriorado por el maltrato que sufrieron mientras estaban bajo custodia.
De los cuatro monjes detenidos por su participación en las protestas pacíficas de marzo y abril de 2008, solo un religioso ha cumplido la totalidad de su pena, ya que dos de sus colegas fueron liberados por su mal estado de salud tras supuestas torturas por parte de las fuerzas del orden y otro ha sido encarcelado en tres ocasiones desde 2008 y ha tenido que ser hospitalizado otras tantas.
La organización ha puesto también el foco sobre Tsegon Gyan, un antiguo analista forense de la Policía y periodista especializado en informar sobre delitos que recibió una condena de 16 años --que luego se redujo a seis-- por formar una organización política clandestina. Gyan fue sentenciado de nuevo en diciembre de 2016, esta vez por "separatismo" en relación con un escrito difundido a través de las redes sociales en el que el disidente criticaba la política de "unidad nacional" de Pekín.
"Las autoridades chinas deberían dejar de procesar a la gente por manifestarse de manera pacífica y de acusarla de cargos como poner en peligro la seguridad nacional y separatismo", ha manifestado HRW. "El Gobierno debería permitir que los expertos en Derechos Humanos de la ONU accediesen al Tíbet para documentar las supuestas violaciones e informar públicamente sobre medidas de rendición de cuentas", ha reclamado la ONG.
