La ONG califica de "burla" acusar así alguien que lleva décadas impulsando la rendición de cuentas por la masacre de 'El Mozote'
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades de El Salvador retirar los cargos penales contra el activista Rubén Zamora, un exdiputado y crítico del presidente del país, Nayib Bukele, y que lleva décadas impulsando la rendición de cuentas por la masacre de 'El Mozote' de 1981, en la que fueron ejecutados más de 1.000 civiles.
El pasado 22 de diciembre, la jueza Mirtala Portillo emitió una orden de detención provisional contra nueve exfuncionarios y exlegisladores, entre los que se encuentran Zamora o el expresidente Alfredo Cristiani, por "obstruir el procesamiento penal de los responsables" de crímenes durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) tras supuestamente haber apoyado la Ley de Amnistía de 1993, que garantizaba impunidad a criminales de guerra.
"La resolución es una burla a la justicia y una afrenta a las víctimas. En lugar de procesar penalmente a los miembros de la Fuerzas Armadas que mataron a cientos de personas en El Mozote, las autoridades salvadoreñas están persiguiendo de forma espuria a un activista que ha buscado incansablemente justicia para las víctimas en El Salvador", ha manifestado la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus Estrada.
En ese sentido, Estrada ha calificado el proceso de "investigación abusiva", y ha señalado que el cargo de encubrimiento personal, que puede resultar en penas de entre seis meses y seis años de prisión, es una "falsa acusación", pues los archivos de la Asamblea Legislativa consultados por HRW muestran que Zamora no solo no votó, sino que se opuso públicamente a la ley.
Antes de la Amnistía, el entonces legislador había apoyado una Ley de Reconciliación Nacional en 1992 que establecía una amnistía para "delitos políticos", excluyendo a aquellos perpetradores de "graves violaciones" contra los Derechos Humanos. Sin embargo, esto tampoco sería motivo para su arresto, pues la Constitución salvadoreña recoge que los legisladores "no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan".
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que la Ley de Amnistía de 1993 no estaba en concordancia con las leyes internacionales de Derechos Humanos y, en 2016, el Tribunal Supremo de El Salvador la declaró inconstitucional, por lo que el juez Jorge Guzmán reanudó la causa por 'El Mozote'.
Así, Guzmán lanzó una acusación contra 18 excomandantes del Ejército y contra un exministro de Defensa por homicidio, violencia sexual, desapariciones forzosas, torturas y otros crímenes, unas investigaciones que "fueron obstruidas" por el Gobierno de Bukele al negarse a cumplir la orden judicial que pedía acceso a los archivos militares sobre la matanza.
Las diferentes trabas de la Asamblea y del Gobierno, que incluso cooptaron al Supremo para poder trasladar jueces y destituir a aquellos mayores de 60 años, Guzmán acabó dimitiendo en septiembre de 2021. Desde el nombramiento de Portillo, estas investigaciones apenas han avanzado, según HRW.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas muestra que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl --entrenados en Estados Unidos-- torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
