Imputada por abuso de autoridad y coacciones a una empleada en 2023 la exministra de Exteriores colombiana Laura Sarabia

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Colombia ha imputado este lunes a la exjefa de Gabinete de Presidencia y exministra de Exteriores Laura Camila Sarabia Torres por cargos de abuso de autoridad, coacciones y malversación relacionados con el supuesto sometimiento en 2023 de una empleada doméstica a una prueba de polígrafo a fin de averiguar dónde estaba una suma de dinero que no ha trascendido y que habría desaparecido del domicilio de la entonces jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Así lo ha anunciado en redes la propia Fiscalía, que señala a Sarabia "como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso", cargos correspondientes en la legislación española con los de abuso de autoridad, coacciones y malversación de uso temporal, respectivamente.

"Las evidencias indican que habría intervenido en actuaciones relacionadas con la práctica irregular de una prueba de polígrafo a una de sus empleadas domésticas, Marelbys Meza Buelvas, para intentar conocer el paradero de un dinero que desapareció de su lugar de residencia", explica la entidad.

En concreto, la Fiscalía subraya que "la decisión de disponer de funcionarios y recursos oficiales para atender un asunto de carácter particular presuntamente desbordó las competencias misionales de Sarabia Torres y de otros servidores públicos involucrados, y constituyó un posible abuso del poder y del cargo".

El caso comenzó en mayo de 2023 y el proceso parecía haberse enfriado desde entonces, pero la Fiscalía lo ha reavivado ahora con esta imputación. La investigación llevada a cabo en el inicio del caso sostenía que Sarabia habría utilizado agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, hasta una sala de este edificio para ser sometida a la prueba del polígrafo para descubrir si era responsable del supuesto robo de 150 millones de pesos (31.000 euros), si bien en la denuncia presentada la cifra era tan solo de 6.500 euros.