El incremento de las ejecuciones extrajudiciales evidencia el fracaso del sistema judicial iraquí, según HRW

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El notable incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Irak evidencia el fracaso del sistema judicial iraquí al incumplir las normas internacionales de justicia que implican, entre otros muchos requisitos, el derecho a un juicio justo, según ha denunciado este jueves Human Rights Watch (HRW). Este aumento de las ejecuciones ilegales se produce tan sólo unos meses después de que el Gobierno de Irak reconociese que era necesario emprender reformas judiciales en el país.

El viceprimer ministro para Asuntos Energéticos iraquí, Hussain al Shahristani, anunció el pasado mes de enero una serie de reformas como respuesta a las protestas populares que reclaman reformas judiciales urgentes en el país, si bien, por el momento, no se ha tenido constancia de ninguna de ellas. Por su parte, el ministro de Justicia de Irak, Hasan al Shammari, anunció a mediados del pasado mes de marzo que ejecutaría a otras 150 presos. Ese mismo mes, las autoridades del país asesinaron al menos a 50 personas.

"Parece que el Gobierno cree que la mejor manera para combatir el incremento de la violencia y el terrorismo que Irak sufre desde principios de año es con más asesinatos de Estado y mayores injusticias", ha declarado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson. "Sin embargo, el escalada simultanea de las ejecuciones y de los ataques deja bastante claro que esta brutal táctica no funciona", ha agregado.

En los meses de febrero y marzo, HRW mantuvo conversaciones con varios detenidos que aseguran que las reformas prometidas por Al Shahristani todavía no se han llevado a cabo en el país. Según los presos, las autoridades de Irak habrían cometido en los últimos meses numerosas detenciones arbitrarias y juicios injustos, además de torturas durante los interrogatorios.

Entre los métodos de tortura denunciados por los detenidos se encuentran la aplicación de descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, la asfixia parcial mediante la colocación de una bolsa bien apretada sobre la cabeza, golpes mientras el detenido permanece colgado en posturas contorsionadas, la privación de la comida, el agua y el sueño, y amenazas de violación o de que las mujeres de su familia sean detenidas y violadas.

Los detenidos también han asegurado a HRW que muchos de ellos han sido condenados por delitos de terrorismo basándose únicamente en el testimonio de un informante anónimo ante el tribunal de primera instancia. Muchos de los abogados defensores de los prisioneros confirman las denuncias de sus clientes apoyándose en documentos y registros judiciales.

MÁS DE 400 EJECUCIONES

Según detalla la organización, el Código de Procedimiento Penal iraquí prohíbe cualquier arresto sin una orden de detención judicial a menos que la persona detenida se enfrente directamente a los miembros de las fuerzas de seguridad con un arma.

Sin embargo, Al Shahristani, a quien el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, ha puesto al frente del Ministerio de Exteriores en sustitución de su predecesor, Hoshiar Zebari, ha admitido que, a pesar de la legislación, las fuerzas de seguridad habían llevado en los últimos meses detenciones masivas sin orden judicial.

La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, ha indicado que la pena de muerte fue suspendida en Irak tras la invasión estadounidense de 2003, si bien fue restaurada por el primer Gobierno tras la caída de Sadam Husein. Las ejecuciones se reiniciaron en 2005, y desde entonces más de 400 personas han sido ejecutadas, incluyendo el expresidente Husein y algunos de sus altos cargos.

Además, cientos de presos aguardan en el corredor de la muerte. Como consecuencia de ello, Irak, que en 2012 ahorcó a 129 presos, es en la actualidad uno de los países del mundo en que se cometen más ejecuciones.