YAKARTA, 17 Sep. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Indonesia ha aprobado por unanimidad este martes una reforma de la agencia anticorrupción (KPK), para preocupación de grupos de activistas que consideran que estos cambios podrían limitar las capacidades de este organismo para perseguir prácticas corruptas.
El KPK ha investigado a cientos de políticos y altos mandos desde su creación en 2002, lo que lo ha convertido en uno de los organismos más respetados por la población. Sin embargo, políticos y policías han intentado minar la efectividad de la agencia.
El Parlamento aprobó la semana pasada debatir las enmiendas a la ley de constitución de la KPK y este martes han sido ratificadas, lo que supone la creación de un organismo externo para supervisar a la agencia, cuya principal labor será la de autorizar o desestimar escuchas.
El parlamentario Johnny G. Plate ha contestado a los críticos de las enmiendas diciendo que "no hay ninguna institución en el mundo que no tenga un organismo de supervisión". "Queremos establecer el organismo supervisor para que la gestión del KPK sea más prudente y rinda cuentas", ha asegurado Plate para la agencia Reuters.
Las enmiendas han generado preocupación entre los activistas, que temen que el KPK se debilite debido a las nuevas medidas. Tal y como han expresado ante el Parlamento, antes de que los diputados procediesen a la votación el martes, algunos temen que esto suponga "el funeral" de la agencia anticorrupción.
Muchos parlamentarios indonesios han sido investigados por el KPK en los últimos años, incluido un expresidente de la cámara que fue declarado culpable de corrupción.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, explicó la semana pasada en un mensaje televisado que un organismo de supervisión es necesario para el "buen gobierno" de la agencia. Aclaró que él mismo seleccionará a los supervisores, aunque entre ellos habrá investigadores y activistas anticorrupción, pero no políticos.
Con las nuevas enmiendas, los supervisores de la agencia pasarán a ser funcionarios públicos, por lo que los activistas temen que puedan ceder con mayor facilidad ante posibles presiones de altos cargos.
