Indonesia.- El Tribunal Constitucional indonesio declara ilegal la Comisión que investiga los crímenes de Suharto

YAKARTA, 8 Dic. (EP/AP) -

El Tribunal Constitucional de Indonesia declaró hoy ilegal la Comisión de Reconciliación, institución encargada de investigar los presuntos crímenes contra presuntamente cometidos durante la dictadura de Haji Mohammad Suharto.

La Comisión, que aún no había comenzado a trabajar, investigaría los asesinatos políticos, desapariciones y masacres durante los 32 años de dictadura que finalizaron en 1998 con una oleada de manifestaciones pro-democráticas.

Los críticos de la comisión tienen sus dudas respecto al resultado de su trabajo, ya que muchos de los parlamentarios que la conforman están vinculados a Suharto o al Ejército y podrían encubrir o no investigar a fondo los presuntos crímenes.

El pasado jueves, la Comisión dictaminó la inconstitucionalidad de muchos de los artículos de las leyes de amnistía y compensación.

El inesperado dictamen del Constitucional implica que muchas de las normas deberán ser rescritas para establecer una nueva comisión, lo que significa que podrían pasar varios años antes de que concluyesen las investigaciones. Además, su constitución dependerá de la voluntad política del actual presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, un ex militar.

El portavoz del presidente, Andi Mallarangengan, informó de que el Gobierno estudia la sentencia y "sus implicaciones de cara al futuro".

Esta sentencia viene motivada por un alegato de grupos por los derechos humanos, que pretendían que algunas de los artículos de las leyes fueran declarados ilegales, pero no la disolución de la Comisión.

Por su parte, el vicepresidente del Centro Internacional para la Justicia de Transición, Paul van Zyl, declaró que "el hecho de que la legislación haya sido derogada no implica que el Gobierno indonesio haya abandonado su permanente compromiso con la justicia, la verdad y las reparaciones a las víctimas de las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos".

"Significa una mayor obligación por parte del Gobierno para asegurar que los derechos y necesidades de las víctimas sean adecuadamente tratados", añadió Van Zyl.