MANAMA, 20 Oct. (Reuters/EP) -
El juicio contra el activista bahreiní Nabil Rayab, uno de los defensor de la democracia más importantes de Bahréin y del mundo árabe en general, acusado de insultar a través de Twitter a los ministros del Interior y de Defensa, se ha abierto este domingo en medio de las críticas de las ONG contra el Gobierno.
Tras la vista celebrada en la tarde de este domingo, el tribunal se ha negado a liberar al activista y ha anunciado su decisión de aplazar los procedimientos hasta el 29 de octubre.
Rayab fue convocado por las autoridades y detenido el 30 de septiembre, apenas 24 horas después de su llegada al país tras una gira de dos meses en Europa para alertar sobre el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Bahréin.
El activista, fundador del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) permaneció encarcelado entre julio de 2012 y mayo de 2014 tras ser condenado a tres años por participar en tres manifestaciones en la capital, Manama, pena que fue posteriormente reducida a dos años de prisión.
Rayab había sido llamado previamente a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo de 2012 y de nuevo a partir del 6 de junio de ese año a causa de unas afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter en las que pidió la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman al Jalifa.
El BCHR, Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (CDHRB) y el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD) han asegurado que Rayab ha sido objeto de arrestos y detenciones por su actividad en defensa de los Derechos Humanos, al tiempo que han acusado al Gobierno de intentar poner fin a sus tareas de activismo.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
