La intensificación de la violencia en la parte anglófona de Camerún deja 170 civiles muertos desde octubre

Soldados del Batallón de Intervención Rápida ante cartel electoral en Buea
REUTERS / ZOHRA BENSEMRA - Archivo
Publicado 28/03/2019 17:26:25CET

HRW denuncia que tanto las fuerzas gubernamentales como los separatistas armados han cometido abusos

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 170 civiles han muerto en incidentes en el marco de la intensificación de la violencia en la parte anglófona de Camerún, donde las fuerzas gubernamentales están llevando a cabo una campaña contra los separatistas, ha denunciado Human Rights Watch (HRW), que ha acusado a ambas partes de cometer abusos.

Según la ONG, las fuerzas gubernamentales han matado a decenas de civiles, usado la fuerza de forma indiscriminada e incendiado cientos de viviendas en los últimos seis meses, mientras que los separatistas armados han atacado y secuestrado a decenas de personas, ejecutado a al menos dos hombres e intensificado sus llamamientos a la secesión de las provincias Noroeste y Suroeste.

Desde octubre, al menos 170 civiles han muerto en más de 220 incidentes en las dos regiones anglófonas, según las informaciones publicadas por los medios y la investigación llevada a cabo por HRW, que ha resaltado que los enfrentamientos en curso dificultan recabar datos de zonas remotas, por lo que "el número de civiles muertos es probablemente superior".

La ONG ha entrevistado a 140 víctimas, familiares y testigos entre diciembre y marzo, a 80 de ellas en persona el pasado enero en las dos provincias anglófonas, que decidieron unirse a la parte francófona del país en un referéndum en 1961.

EL CONFLICTO

La situación se ha deteriorado en la parte anglófona de Camerún desde el otoño de 2017, después de que el Gobierno reprimiera con virulencia las protestas a favor de la independencia de la región que incluso llegaron a proclamar los separatistas el 1 de octubre de ese año bajo el nombre de Ambazonia.

Desde entonces, han proliferado los grupos separatistas armados, que han perpetrado ataques, y se ha producido una creciente militarización. Como resultado de todo ello, alrededor de medio millón de personas se han visto desplazadas, en su mayoría dentro del país.

Según HRW, desde octubre la violencia se ha intensificado ante las operaciones de seguridad a gran escala llevadas a cabo por las fuerzas gubernamentales y los ataques perpetrados por los separatistas.

Así las cosas, la ONG ha reclamado al Gobierno de Paul Biya, en el poder desde 1982, que investigue las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y garantice que los civiles están protegidos durante las operaciones de seguridad.

Por su parte, ha añadido, los líderes separatistas deberían dar instrucciones inmediatamente a sus combatientes y seguidores de que paren todos los abusos de los Derechos Humanos y dejen de interferir en la educación de los niños, ya que han provocado el cierre de escuelas con amenazas puesto que consideran que se está imponiendo una educación francófona.

OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS CIVILES

"Las autoridades de Camerún tienen una obligación de responder legalmente y de proteger los derechos de las personas durante los periodos de violencia", ha sostenido el director para África Central de HRW, Lewis Mudge. "La respuesta de mano dura del Gobierno contra los civiles es contraproducente y corre el riesgo de generar más violencia", ha advertido.

La investigación realizada por HRW demuestra que desde octubre las fuerzas de seguridad, incluidos soldados, miembros del Batallón de Intervención Rápida (BIR) y los gendarmes, han matado a civiles, usado la fuerza de manera indiscriminada y destruido y saqueado propiedades públicas y privadas.

Según la ONG, la casi total falta de procesamiento por los crímenes cometidos por parte de las fuerzas de seguridad en esta parte del país ha protegido a los responsables de los abusos, además de fomentarlos.

HRW envió el pasado 12 de febrero una carta con sus hallazgos al secretario general de la Presidencia, Ferdinand Ngoh Ngoh, pidiendo que respondiera a algunas preguntas. En su respuesta del 22 de marzo, ha precisado, el Gobierno de Biya ha negado que las fuerzas de seguridad hayan perpetrado los abusos documentados por la ONG en su informe.

Asimismo, según HRW, ha sostenido que sus fuerzas de seguridad reciben entrenamiento en materia de Derechos Humanos antes de su despliegue y que hay unos 30 casos pendientes ante tribunales militares en Bamenda y Buea, las capitales de las dos provincias, por crímenes como tortura, destrucción de la propiedad, violación de órdenes y robo.

ACCIONES DE LOS SEPARATISTAS

Por otra parte, al menos 31 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en operaciones entre octubre y febrero en las dos provincias, según lo publicado por la prensa y la información recabada por HRW. Los testigos han contado que los separatistas han atacado a trabajadores gubernamentales, profesores y estudiantes, impidiéndoles ir a trabajar o a la escuela.

También se han incrementado los secuestros por parte de los separatistas, incluidos más de 300 estudiantes menores de 18 años raptados en al menos doce incidentes. Todos ellos fueron liberados, la mayoría tras el pago de un rescate, según la ONG.

Un testigo, que dijo haber sido secuestrado por miembros de las Fuerzas de Restauración de Ambazonia --afiliadas al 'gobierno' interino separatista-- en octubre tras las elecciones presidenciales, ha contado a la ONG que vio ejecutar a dos hombres por haber votado en los comicios. "Les golpearon hasta la muerte", ha precisado.

En opinión de HRW, los socios de Camerún, Francia en particular, podrían aumentar la presión sobre el Gobierno para que haga rendir cuentas a los responsables de abusos y garantizar que cualquier apoyo a las fuerzas camerunesas no contribuye o facilita violaciones de los Derechos Humanos.

Por otra parte, ha defendido que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería pedir a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, o a expertos relevantes de la ONU, que lleven a cabo una misión de investigación sobre las denuncias de abusos a los Derechos Humanos en Camerún.

Además, ha reclamado que el Consejo de Seguridad incluya Camerún en su agenda y pida al secretario general, Antonio Guterres, que informe sobre la situación, además de dejar claro a quienes cometen abusos que podrían enfrentarse a sanciones.

"Es absolutamente esencial que el Gobierno de Camerún restaure el Estado de Derecho en las regiones anglófonas y que haga rendir cuentas a los que atacan a civiles", ha reclamado Mudge. "Los líderes de los grupos separatistas deberían dejar de cometer abusos contra los civiles y demostrar que están dispuestos a resolver esta crisis", ha añadido.

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