BUENOS AIRES 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez argentino Ariel Lijo ha interrumpido las vacaciones judiciales para tramitar la denuncia que el recientemente fallecido fiscal Alberto Nisman realizó contra la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por supuestamente encubrir a los iraníes acusados de atentar contra un centro judío de Buenos Aires.
Cuando Nisman denunció el caso la semana pasada, la magistrada María Servini, que estaba sustituyendo a Lijo, se negó a interrumpir las vacaciones judiciales para tramitar esta denuncia, a pesar de la gravedad de la acusación.
La jueza federal argumentó que la denuncia "no encuadra en ninguno de los supuestos" que permitirían habilitar la llamada feria judicial, como se conocen los dos periodos de vacaciones que tienen al año los tribunales argentinos.
Lijo, en cambio, ha decidido dar trámite a esta denuncia y, como primer paso, ha solicitado que todas las pruebas que manejaba Nisman, así como el material de su Fiscalía, sean resguardados y conservados en su juzgado.
La decisión de Lijo llega en medio de la conmoción generada por la noticia de la muerte de Nisman, que debía acudir este lunes al Congreso a argumentar la denuncia interpuesta contra la jefa de Estado argentina, según publica el diario 'Clarín'.
El cadáver de Nisman ha sido encontrado en el baño de su casa de Buenos Aires con un disparo en la cabeza. La puerta de la vivienda estaba cerrada con llave por dentro, por lo que las autoridades argentinas están investigando el caso como un posible suicidio.
DENUNCIA CONTRA EL 'KIRCHNERISMO'
Nisman señaló a Fernández de Kirchner y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"La señora presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de Justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar 'la inocencia de Irán'", dijo en un escrito de 300 páginas.
Así, el representante del Ministerio Público solicitó, además de una declaración indagatoria, un embargo preventivo de los bienes de Fernández de Kirchner y los demás acusados por 200 millones de pesos (19,7 millones de euros).
ATENTADO CONTRA LA AMIA
El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y 300 heridos, es el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino, a pesar de lo cual sigue sin resolver, principalmente, porque los sospechosos, cinco iraníes entre los que se encuentran el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani y el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, nunca han sido interrogados.
En 2013, los gobiernos de Fernández de Kirchner y Mahmud Ahmadineyad firmaron un Memorando de Entendimiento (MOE) con el objetivo de "destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada".
El MOE permitía por primera vez a las autoridades argentinas interrogar a los acusados en el país suramericano del atentado contra la AMIA, algo a lo que la República Islámica se había negado insistentemente.